La mañana de este jueves, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó con preocupación los recientes casos de violencia de género que han salpicado al mundo del fútbol chileno. Durante su intervención en Radio Concierto, Orellana expresó su inquietud por el tratamiento judicial y social que reciben estos episodios dentro del ámbito deportivo.

En particular, se refirió al caso del futbolista Jordhy Thompson, quien enfrenta un proceso legal por violencia intrafamiliar. La ministra destacó la existencia de un procedimiento pendiente en tribunales y señaló el incumplimiento de medidas cautelares impuestas al jugador. "Me pregunto si fuera por otro delito se tendría la misma valoración", cuestionó Orellana, poniendo en relieve una posible disparidad en la percepción pública y jurídica frente a este tipo de infracciones.

Más allá del caso individual de Thompson, la ministra extendió su crítica hacia una tendencia más amplia dentro del entorno futbolístico nacional: "Han tendido a bajarle la gravedad a uno de los delitos más denunciados de nuestro país o incluso bajarle la gravedad a hechos más graves como lo que ocurrió con Cobreloa". Estas palabras hacen eco a una demanda social creciente por reconocer y sancionar adecuadamente los actos violentos contra las mujeres.

Con respecto a los excadetes de Cobreloa actualmente en prisión preventiva tras ser formalizados por abusos sexuales, Orellana valoró positivamente los avances logrados en las investigaciones. Sin embargo, enfatizó un cambio reciente en la postura institucional del club deportivo frente al escándalo. La ministra subrayó la importancia crucial que tiene para las víctimas recibir una adecuada primera acogida; es decir, el momento inicial donde se recoge el testimonio y se brinda apoyo.

Orellana concluyó insistiendo en que no debería requerirse una obligación legal para que las asociaciones deportivas reconozcan públicamente la gravedad de estos crímenes y tomen acciones decididas contra ellos. Su llamado es claro: es imperativo cambiar tanto las estructuras legales como culturales para garantizar justicia e igualdad ante situaciones donde se vulneran derechos fundamentales relacionados con género.