Corte Suprema confirma pago de $1.000 millones por caso ProCultura

La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) y confirmó que la empresa debía pagar $1.000 millones correspondientes a recursos no ejecutados del programa de prevención del suicidio Quédate, vinculado al caso ProCultura.

El fallo ratificó la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que sancionó a la compañía por incumplir las obligaciones establecidas en las pólizas con las que el Gobierno de Santiago había protegido los fondos públicos destinados al proyecto.

De acuerdo con la sentencia, ASPOR debía realizar el pago al primer requerimiento, sin solicitar antecedentes adicionales, imponer condiciones ni utilizar la existencia de otros litigios para retrasar el cumplimiento de la garantía.

Tras conocerse la decisión, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, aseguró que el fallo respalda las gestiones iniciadas por su administración para recuperar el dinero.

En ese sentido, afirmó que “lo dijimos desde el primer día: ASPOR debía pagar. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado que teníamos razón”.

Orrego sostuvo que el Gobierno de Santiago comenzó tempranamente las acciones administrativas y judiciales para cobrar las pólizas. Sin embargo, acusó que la aseguradora “obstaculizó todo, exigiendo antecedentes que no correspondían, interponiendo acciones dilatorias y negándose a pagar”.

El gobernador agregó que el máximo tribunal no solo estableció que la compañía debía cumplir con la garantía, sino que también confirmó las multas y sanciones impuestas por la CMF.

Finalmente, Orrego manifestó que “luego de dos años y medio de juicios civiles tan innecesarios como injustos, exigimos que ASPOR pague, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. Nadie, por importante que sea, está por sobre la ley”.

El programa Quédate fue financiado en 2022 por el Gobierno de Santiago con $1.600 millones, cuyo total se encontraba respaldado mediante pólizas de garantía.

La iniciativa alcanzó un 40% de ejecución y atendió a casi 12 mil personas con ideación suicida, mediante prestaciones presenciales, un chat y una plataforma web.

Su implementación se interrumpió cuando ProCultura dejó de pagar a las fundaciones especializadas que participaban en el programa. De esta manera, quedaron sin ejecutar cerca de $1.000 millones, monto cuyo pago ahora exige el Gobierno de Santiago a la aseguradora.

Fuente: ADN Radio Nacional