En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
Este jueves, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave a las 10:00 horas, donde se votará la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La denuncia, presentada el 30 de septiembre por la bancada del Partido Republicano, sostiene que Tohá hacomprometido gravemente la seguridad nacional al no adoptar medidas eficaces para enfrentar la crisis de delincuencia y migración ilegal. Ante esto, el libelo contiene dos capítulos acusatorios. El primero se centra en la supuesta infracción de la Constitución y las leyes, al argumentar que la ministra ha omitido acciones efectivas para proteger a la población. El segundo capítulo alega que Tohá ha dejado sin ejecución la Ley de migración y extranjería, lo que ha permitido la vulneración de las fronteras del país. Asimismo, en respuesta a las acusaciones, Tohá presentó un extenso documento de 174 páginas, donde refuta las afirmaciones de los acusadores, señalando que carecen de fundamentos específicos y están llenas de imprecisiones. Además, su defensa, liderada por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, podría invocar la cuestión previa para desestimar el libelo, argumentando que las imputaciones son demasiado generales y no se centran en la responsabilidad directa de la ministra. Finalmente, la votación de este jueves se presenta como un momento crucial en el ámbito político, reflejando las tensiones actuales en torno a la gestión de la seguridad pública en el país.
La incertidumbre sobre el futuro de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comenzará a despejarse este jueves, cuando el Pleno del tribunal se reúna para deliberar sobre su posible remoción. La sesión inició a las 08:30 am y contó con la presencia de Cristóbal Osorio, abogado de la magistrada, quien intentará refutar los siete cargos en su contra, que incluyen diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la audiencia se transmitirá en vivo a través del sitio web del Poder Judicial, permitiendo que el público siga de cerca los alegatos que, según se espera, se prolongarán por aproximadamente dos horas. Al finalizar la presentación de la defensa, los ministros del Pleno tendrán un tiempo determinado para deliberar antes de anunciar su veredicto. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, será el encargado de comunicar la decisión final sobre la continuidad de Vivanco en el cargo, lo que podría sentar un precedente importante en la administración de justicia del país.
La Sala de la Cámara de Diputados se encuentra en sesión para discutir la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Este proceso se lleva a cabo después de que el libelo acusatorio fuera declarado admisible en la comisión revisora, generando un intenso debate debido a la unificación de dos casos distintos en una sola acusación. Durante la jornada de este miércoles, se está evaluando la posibilidad de separar las causas mientras se aborda la “cuestión previa”. Las críticas al documento son diversas; algunos argumentan que, a diferencia de otras acusaciones constitucionales en el Congreso, esta combinación carece de fundamento sólido. El diputado del Frente Amplio, Jaime Saez, expresó su desacuerdo, afirmando que no existen pruebas convincentes en el caso del juez Muñoz y lamentando que se haya seguido una tradición cuestionada por juristas de distintas tendencias políticas. En contraste, el diputado Eduardo Durán (RN), quien votó a favor de la acusación, defendió la postura al señalar que las conductas de los ministros representan un notable abandono de deberes que no fue desvirtuado por sus defensas. Además, Iván Arostica, expresidente del Tribunal Constitucional, enfatizó la importancia de esta acusación como un posible precedente trascendente para la república. Finalmente, La decisión que tome la Cámara podría tener un impacto significativo en la relación entre el poder judicial y el legislativo.
La comisión encargada de evaluar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encuentra en una jornada de sesiones intensivas, con el objetivo de despachar un informe que determine la procedencia del libelo acusatorio. El presidente de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), defendió la rapidez del proceso, argumentando que “la ciudadanía está cansada de un parlamento que anda a paso de tortuga”. Ante esto, durante el día se han convocado a más de una veintena de invitados propuestos por la bancada del Partido Republicano, los impulsores de la acusación. La defensa de Tohá ingresó ayer, donde se señalaron “imprecisiones, deformaciones y generalizaciones” en el libelo. La comisión tiene un plazo de seis días para elaborar su informe desde que se recibió la contestación. Asimismo, Araya se comprometió a actuar con transparencia y rectitud, a pesar de las críticas del Partido Republicano, que sostiene que los invitados fueron citados con poca antelación y que el proceso debe tomar el tiempo necesario. El diputado Luis Sánchez (Republicano) destacó la importancia de la crisis de seguridad en el país, instando a la comisión a no apresurarse y a funcionar de manera independiente. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró que los presidentes de las comisiones tienen la potestad de definir sus jornadas de trabajo, y subrayó que si es necesario, se organizarán sesiones especiales para asegurar un avance efectivo en el trabajo legislativo. “Lo que no queremos es quitarle tiempo al trabajo legislativo, considerando que hay que compatibilizar ambas cosas”, concluyó Cariola.
En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
Este jueves, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave a las 10:00 horas, donde se votará la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La denuncia, presentada el 30 de septiembre por la bancada del Partido Republicano, sostiene que Tohá hacomprometido gravemente la seguridad nacional al no adoptar medidas eficaces para enfrentar la crisis de delincuencia y migración ilegal. Ante esto, el libelo contiene dos capítulos acusatorios. El primero se centra en la supuesta infracción de la Constitución y las leyes, al argumentar que la ministra ha omitido acciones efectivas para proteger a la población. El segundo capítulo alega que Tohá ha dejado sin ejecución la Ley de migración y extranjería, lo que ha permitido la vulneración de las fronteras del país. Asimismo, en respuesta a las acusaciones, Tohá presentó un extenso documento de 174 páginas, donde refuta las afirmaciones de los acusadores, señalando que carecen de fundamentos específicos y están llenas de imprecisiones. Además, su defensa, liderada por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, podría invocar la cuestión previa para desestimar el libelo, argumentando que las imputaciones son demasiado generales y no se centran en la responsabilidad directa de la ministra. Finalmente, la votación de este jueves se presenta como un momento crucial en el ámbito político, reflejando las tensiones actuales en torno a la gestión de la seguridad pública en el país.
La incertidumbre sobre el futuro de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comenzará a despejarse este jueves, cuando el Pleno del tribunal se reúna para deliberar sobre su posible remoción. La sesión inició a las 08:30 am y contó con la presencia de Cristóbal Osorio, abogado de la magistrada, quien intentará refutar los siete cargos en su contra, que incluyen diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la audiencia se transmitirá en vivo a través del sitio web del Poder Judicial, permitiendo que el público siga de cerca los alegatos que, según se espera, se prolongarán por aproximadamente dos horas. Al finalizar la presentación de la defensa, los ministros del Pleno tendrán un tiempo determinado para deliberar antes de anunciar su veredicto. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, será el encargado de comunicar la decisión final sobre la continuidad de Vivanco en el cargo, lo que podría sentar un precedente importante en la administración de justicia del país.
La Sala de la Cámara de Diputados se encuentra en sesión para discutir la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Este proceso se lleva a cabo después de que el libelo acusatorio fuera declarado admisible en la comisión revisora, generando un intenso debate debido a la unificación de dos casos distintos en una sola acusación. Durante la jornada de este miércoles, se está evaluando la posibilidad de separar las causas mientras se aborda la “cuestión previa”. Las críticas al documento son diversas; algunos argumentan que, a diferencia de otras acusaciones constitucionales en el Congreso, esta combinación carece de fundamento sólido. El diputado del Frente Amplio, Jaime Saez, expresó su desacuerdo, afirmando que no existen pruebas convincentes en el caso del juez Muñoz y lamentando que se haya seguido una tradición cuestionada por juristas de distintas tendencias políticas. En contraste, el diputado Eduardo Durán (RN), quien votó a favor de la acusación, defendió la postura al señalar que las conductas de los ministros representan un notable abandono de deberes que no fue desvirtuado por sus defensas. Además, Iván Arostica, expresidente del Tribunal Constitucional, enfatizó la importancia de esta acusación como un posible precedente trascendente para la república. Finalmente, La decisión que tome la Cámara podría tener un impacto significativo en la relación entre el poder judicial y el legislativo.
La comisión encargada de evaluar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, se encuentra en una jornada de sesiones intensivas, con el objetivo de despachar un informe que determine la procedencia del libelo acusatorio. El presidente de la comisión, Jaime Araya (IND-PPD), defendió la rapidez del proceso, argumentando que “la ciudadanía está cansada de un parlamento que anda a paso de tortuga”. Ante esto, durante el día se han convocado a más de una veintena de invitados propuestos por la bancada del Partido Republicano, los impulsores de la acusación. La defensa de Tohá ingresó ayer, donde se señalaron “imprecisiones, deformaciones y generalizaciones” en el libelo. La comisión tiene un plazo de seis días para elaborar su informe desde que se recibió la contestación. Asimismo, Araya se comprometió a actuar con transparencia y rectitud, a pesar de las críticas del Partido Republicano, que sostiene que los invitados fueron citados con poca antelación y que el proceso debe tomar el tiempo necesario. El diputado Luis Sánchez (Republicano) destacó la importancia de la crisis de seguridad en el país, instando a la comisión a no apresurarse y a funcionar de manera independiente. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró que los presidentes de las comisiones tienen la potestad de definir sus jornadas de trabajo, y subrayó que si es necesario, se organizarán sesiones especiales para asegurar un avance efectivo en el trabajo legislativo. “Lo que no queremos es quitarle tiempo al trabajo legislativo, considerando que hay que compatibilizar ambas cosas”, concluyó Cariola.
