Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La jornada de este miércoles un grupo de parlamentarios y representantes de partidos de oficialismo y oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional al sistema político y electoral y que - para sorpresa de algunos - ya goza de un temprano apoyo transversal. En concreto, la propuesta fue entregada por distintos congresistas, como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares Alfonso De Urrest i y Gastón Saavedra (ambos del PS), la senadora UDI Luz Ebensperger, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). De igual forma, el texto fue suscrito por comités socialistas y el Partido por la Democracia (PPD). En simple, uno de los puntos principales de la propuesta es evitar el discolaje en los partidos políticos: vale decir, si un parlamentario renuncia a la militancia en el colectivo que apoyó su candidatura, perderá su escaño en el Congres o. Otro ítem, establece un umbral mínimo del 5% de votos a nivel nacional -obtenidos en las elecciones- para alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados. En otras palabras, si un partido no alcanza dicho porcentaje, no tendrá derecho a ningún asiento en la Cámara Baja; a no ser, que los votos permitan a la tienda alcanzar ocho parlamentarios, sean diputados o senadores. Excepcionalmente, y solo para la elección parlamentaria de 2025, la indicación consta de una materia transitoria donde se señala que podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Por otra parte, la iniciativa contempla la improcedencia de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Asimismo, la ley determinará los requisitos para formar y disolver un partido político y demás normas para que puedan llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Reacciones del mundo parlamentario Desde el Partido Republicano presentaron otra condición: reducir el número de diputados. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, afirmó que sin una reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje (...) seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 diputados, explicó. A su vez, líder de la tienda, José Antonio Kast, ratificó esta postura, señalando que para nosotros es muy importante disminuir el número de diputados. Lo que hemos visto en algunos casos es vergonzoso. Además, sostuvo que, si no se incorpora este aspecto, será difícil apoyar el proyecto, remarcó. En tanto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) acusó que suena a una medida desesperada por parte de los partidos tradicionales para evitar perder escaños con miras a las próximas elecciones y no, pensado precisamente en la estabilidad política del país, enfatizó. Finalmente, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) emplazó a los impulsores del proyecto: ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver al binominal? (...) Menos democracia, menos participación, puro retroceso. ¿Será que lo que buscan es volver a la época de las cuatro paredes, de las boletas de Soquimich, los casos Penta y la ley Longueira?, fustigó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
