Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional