Este lunes, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) emitió un comunicado en el que expresaron su preocupación por las revelaciones que apuntan a posibles influencias del abogado Luis Hermosilla en los nombramientos al interior del Poder Judicial. Estas acusaciones surgieron tras la información divulgada por el medio Ciper, que reveló conversaciones de WhatsApp investigadas donde Hermosilla supuestamente habría intervenido en nombramientos de ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En particular, se señaló que Hermosilla habría realizado gestiones para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago durante el año 2021. La OTJ citó el Artículo 3 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que establece que los jueces deben manifestar que no reciben influencias, directas o indirectas, de ningún otro poder público o privado, interno o externo al orden judicial. En este contexto, las declaraciones del Ministro Ulloa fueron calificadas como gravísimas e inaceptables , denotando un comportamiento éticamente cuestionable por parte de los miembros del Poder Judicial. En respuesta a estas acusaciones, la OTJ solicitó a la Corte Suprema que inicie de manera inmediata un sumario administrativo para esclarecer la responsabilidad funcional en estos hechos, investigar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes según el ordenamiento jurídico. Además, la organización gremial instó al máximo tribunal a convocar a una mesa técnica que incluya a universidades, asociaciones del Poder Judicial, colegios de abogados y otros actores relevantes. El propósito de esta mesa sería discutir propuestas de cambio en el proceso de nombramiento y carrera funcionaria, con el fin de prevenir este tipo de comportamientos que afectan la integridad judicial y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
La Corte Suprema de Chile emitió un fallo unánime confirmando la sentencia que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por el secuestro calificado de la pareja de cineastas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes. Estos ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fueron declarados como autores del delito por la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia que fue ratificada por la Segunda Sala del máximo tribunal. Asimismo, otros 23 ex agentes de la DINA también fueron condenados como coautores del delito y deberán cumplir 12 años de presidio cada uno. Entre ellos se encuentran Orlando Manzo Durán, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, y otros. En cuanto al aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral a la hermana de la víctima Bueno Cifuentes. Con esta nueva condena, el exbrigadier Miguel Krassnoff acumula un total de 1047 años de cárcel por diversas violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile. El secuestro de Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes ocurrió el 29 de noviembre de 1974 en la vía pública de Santiago, siendo llevados a diferentes recintos de reclusión clandestina donde fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura. Hasta la fecha, no se tiene información sobre su paradero ni su destino final.
La Corte Suprema de Chile ha decidido anular la condena por homicidio que pesaba sobre Leonel Contreras en relación con la muerte de la detective Valeria Vivanco. Contreras había sido declarado culpable por el Sexto Tribunal Oral de Santiago, aunque este no otorgó la pena máxima solicitada por la Fiscalía Sur. Tras un recurso de nulidad presentado por la defensa de Contreras, la Corte Suprema revisó el caso y determinó que en el actuar del acusado no hubo dolo, sino que se configuró el delito de cuasidelito de homicidio. Esto significa que el tribunal considera que Contreras no tuvo la intención de causar la muerte de Vivanco, aunque no descarta su participación en los hechos. Debido a esta determinación, la Corte Suprema consideró cumplida la condena por el tiempo que Contreras estuvo en prisión preventiva y por el tiempo que ya ha cumplido de la pena de 12 años que le fue otorgada por la justicia. En consecuencia, se ordenó la liberación de Contreras en las próximas horas. La muerte de la subinspectora Vivanco ocurrió en junio de 2021, mientras investigaba un homicidio relacionado con el narcotráfico en La Granja. En un principio, se detuvo a los ocupantes de un vehículo sospechoso como autores del crimen, pero la investigación posterior determinó que el disparo fatal fue realizado por Contreras, un compañero de la víctima.
Después de días de intensas críticas por el millonario gasto en la renovación de la flota vehicular de la Corte Suprema de Chile, el máximo tribunal anunció este jueves la cancelación de la compra de 22 automóviles de lujo marca Lexus por un total de 1.253 millones de pesos. La decisión fue comunicada mediante una declaración pública, en la cual la Corte Suprema enfatizó su autonomía en la gestión de su presupuesto administrativo y de gestión. Además, se argumentó que las consideraciones técnicas y de seguridad fueron clave en la decisión inicial de renovar los vehículos institucionales. No obstante, ante la falta de respuesta por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto a la solicitud de aplicación de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja, la Corte Suprema optó por dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de los vehículos de lujo. La polémica se desató luego de que se conociera que cada automóvil tenía un valor superior a los $56 millones de pesos, generando críticas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos, especialmente en medio de la catástrofe incendiaria que afectó a la Región de Valparaíso. Recordar que la decisión para adquirir estos vehículos de lujo fue adoptada el pasado 2 de febrero por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, con 11 votos a favor y dos en contra, estos últimos del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz. AHORA: Corte Suprema comunica decisión adoptada tras evaluar los antecedentes de la compra de 22 vehículos híbridos. pic.twitter.com/LIwtGP46d2 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 15, 2024
En una decisión controvertida, el Poder Judicial ha aprobado la compra de 22 vehículos de lujo de la marca Lexus, destinados a renovar la flota de automóviles utilizados por ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial. La noticia fue confirmada por Radio Bío Bío, que tuvo acceso a la resolución emanada por el Pleno de la Corte Suprema. De los 13 jueces que participaron en la votación, la mayoría, específicamente once, respaldaron la adquisición de los vehículos, mientras que solo dos se opusieron a la medida. Los nuevos automóviles Lexus ES300h fueron elegidos para reemplazar a los actuales Toyota Camry, con un precio de lista que supera ampliamente los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual. La resolución, fechada el pasado viernes 2 de febrero, señala que la decisión se tomó en base a los acuerdos adoptados por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, junto con la exposición de Osvaldo Chanks, representante de dicha Corporación. Además, se dejó constancia de que tanto el Presidente como la Ministra señora Andrea Muñoz estuvieron a favor de la renovación mediante la adquisición de vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente. A pesar de esta aprobación, cabe destacar que la compra aún no se ha llevado a cabo y los jueces continúan utilizando sus vehículos actuales para trasladarse.
Este lunes, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) emitió un comunicado en el que expresaron su preocupación por las revelaciones que apuntan a posibles influencias del abogado Luis Hermosilla en los nombramientos al interior del Poder Judicial. Estas acusaciones surgieron tras la información divulgada por el medio Ciper, que reveló conversaciones de WhatsApp investigadas donde Hermosilla supuestamente habría intervenido en nombramientos de ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. En particular, se señaló que Hermosilla habría realizado gestiones para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago durante el año 2021. La OTJ citó el Artículo 3 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que establece que los jueces deben manifestar que no reciben influencias, directas o indirectas, de ningún otro poder público o privado, interno o externo al orden judicial. En este contexto, las declaraciones del Ministro Ulloa fueron calificadas como gravísimas e inaceptables , denotando un comportamiento éticamente cuestionable por parte de los miembros del Poder Judicial. En respuesta a estas acusaciones, la OTJ solicitó a la Corte Suprema que inicie de manera inmediata un sumario administrativo para esclarecer la responsabilidad funcional en estos hechos, investigar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes según el ordenamiento jurídico. Además, la organización gremial instó al máximo tribunal a convocar a una mesa técnica que incluya a universidades, asociaciones del Poder Judicial, colegios de abogados y otros actores relevantes. El propósito de esta mesa sería discutir propuestas de cambio en el proceso de nombramiento y carrera funcionaria, con el fin de prevenir este tipo de comportamientos que afectan la integridad judicial y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
La Corte Suprema de Chile emitió un fallo unánime confirmando la sentencia que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por el secuestro calificado de la pareja de cineastas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes. Estos ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fueron declarados como autores del delito por la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia que fue ratificada por la Segunda Sala del máximo tribunal. Asimismo, otros 23 ex agentes de la DINA también fueron condenados como coautores del delito y deberán cumplir 12 años de presidio cada uno. Entre ellos se encuentran Orlando Manzo Durán, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, y otros. En cuanto al aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral a la hermana de la víctima Bueno Cifuentes. Con esta nueva condena, el exbrigadier Miguel Krassnoff acumula un total de 1047 años de cárcel por diversas violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile. El secuestro de Jorge Hernán Müller Silva y Carmen Cecilia Bueno Cifuentes ocurrió el 29 de noviembre de 1974 en la vía pública de Santiago, siendo llevados a diferentes recintos de reclusión clandestina donde fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura. Hasta la fecha, no se tiene información sobre su paradero ni su destino final.
La Corte Suprema de Chile ha decidido anular la condena por homicidio que pesaba sobre Leonel Contreras en relación con la muerte de la detective Valeria Vivanco. Contreras había sido declarado culpable por el Sexto Tribunal Oral de Santiago, aunque este no otorgó la pena máxima solicitada por la Fiscalía Sur. Tras un recurso de nulidad presentado por la defensa de Contreras, la Corte Suprema revisó el caso y determinó que en el actuar del acusado no hubo dolo, sino que se configuró el delito de cuasidelito de homicidio. Esto significa que el tribunal considera que Contreras no tuvo la intención de causar la muerte de Vivanco, aunque no descarta su participación en los hechos. Debido a esta determinación, la Corte Suprema consideró cumplida la condena por el tiempo que Contreras estuvo en prisión preventiva y por el tiempo que ya ha cumplido de la pena de 12 años que le fue otorgada por la justicia. En consecuencia, se ordenó la liberación de Contreras en las próximas horas. La muerte de la subinspectora Vivanco ocurrió en junio de 2021, mientras investigaba un homicidio relacionado con el narcotráfico en La Granja. En un principio, se detuvo a los ocupantes de un vehículo sospechoso como autores del crimen, pero la investigación posterior determinó que el disparo fatal fue realizado por Contreras, un compañero de la víctima.
Después de días de intensas críticas por el millonario gasto en la renovación de la flota vehicular de la Corte Suprema de Chile, el máximo tribunal anunció este jueves la cancelación de la compra de 22 automóviles de lujo marca Lexus por un total de 1.253 millones de pesos. La decisión fue comunicada mediante una declaración pública, en la cual la Corte Suprema enfatizó su autonomía en la gestión de su presupuesto administrativo y de gestión. Además, se argumentó que las consideraciones técnicas y de seguridad fueron clave en la decisión inicial de renovar los vehículos institucionales. No obstante, ante la falta de respuesta por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto a la solicitud de aplicación de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja, la Corte Suprema optó por dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de los vehículos de lujo. La polémica se desató luego de que se conociera que cada automóvil tenía un valor superior a los $56 millones de pesos, generando críticas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos, especialmente en medio de la catástrofe incendiaria que afectó a la Región de Valparaíso. Recordar que la decisión para adquirir estos vehículos de lujo fue adoptada el pasado 2 de febrero por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, con 11 votos a favor y dos en contra, estos últimos del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz. AHORA: Corte Suprema comunica decisión adoptada tras evaluar los antecedentes de la compra de 22 vehículos híbridos. pic.twitter.com/LIwtGP46d2 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 15, 2024
En una decisión controvertida, el Poder Judicial ha aprobado la compra de 22 vehículos de lujo de la marca Lexus, destinados a renovar la flota de automóviles utilizados por ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial. La noticia fue confirmada por Radio Bío Bío, que tuvo acceso a la resolución emanada por el Pleno de la Corte Suprema. De los 13 jueces que participaron en la votación, la mayoría, específicamente once, respaldaron la adquisición de los vehículos, mientras que solo dos se opusieron a la medida. Los nuevos automóviles Lexus ES300h fueron elegidos para reemplazar a los actuales Toyota Camry, con un precio de lista que supera ampliamente los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual. La resolución, fechada el pasado viernes 2 de febrero, señala que la decisión se tomó en base a los acuerdos adoptados por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, junto con la exposición de Osvaldo Chanks, representante de dicha Corporación. Además, se dejó constancia de que tanto el Presidente como la Ministra señora Andrea Muñoz estuvieron a favor de la renovación mediante la adquisición de vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente. A pesar de esta aprobación, cabe destacar que la compra aún no se ha llevado a cabo y los jueces continúan utilizando sus vehículos actuales para trasladarse.
