En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
En una escalada de violencia que azota a Haití, bandas armadas llevaron a cabo un ataque contra la mayor prisión civil del país el pasado sábado por la noche, permitiendo la fuga de más del 97% de los reclusos. Según informes de colectivos de derechos humanos y medios de prensa, de los 3.696 prisioneros, 3.597 lograron escapar, mientras que al menos una quincena de ellos perdieron la vida, reveló la agencia de noticias EFE. En los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, donde ocurrió el asalto, se encontraron los cuerpos de 10 reclusos, según fuentes locales. Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), describió la escena como una tragedia, destacando la presencia de numerosos cadáveres. El gobierno haitiano, en un comunicado, indicó que el asalto dejó varios heridos entre los reclusos y el personal penitenciario. Se denunció el desenfreno de criminales fuertemente armados con el objetivo de liberar a detenidos, principalmente por delitos graves como secuestro y asesinato. La situación se ha vuelto aún más compleja con la violencia que se desató en Puerto Príncipe desde el jueves, con ataques coordinados de pandillas que buscan la renuncia del primer ministro Ariel Henry. La cifra de muertos tras los disturbios asciende a al menos una decena, con varios cuerpos presentando impactos de bala o proyectiles, según testigos y reporteros que han visitado la escena. La Penitenciaría Nacional, que antes del ataque albergaba cerca de 3.800 reclusos, ahora cuenta con apenas un centenar de presos. Entre los que decidieron permanecer tras las rejas se encuentran los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moise, quienes enviaron mensajes relatando la angustiosa situación vivida durante el asalto. No me volé porque no debo nada , declaró uno de los internos identificado como Francisco Eladio Uribe, exsoldado colombiano acusado de participar en el asesinato presidencial. El gobierno de Colombia solicitó protección especial para los 17 ciudadanos suyos y planteó la posibilidad de trasladarlos a otra cárcel que ofrezca mayor seguridad. Mientras tanto, la capital haitiana sigue sumida en la violencia, con bandas bajo el lemaVivir juntos realizando ataques coordinados contra lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y edificios policiales, provocando una crisis política, de seguridad y humanitaria.
La mañana de este jueves marcó el regreso de las vacaciones presidenciales con el presidente Gabriel Boric liderando el segundo encuentro del Gabinete Pro Seguridad. La reunión, articulada para revisar la estrategia gubernamental en materia de seguridad, contó con la participación de ministros y secretarios de Estado. El evento, que comenzó a las 8:45 horas en La Moneda, reunió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y a los secretarios de Estado de Deporte, Culturas, Ciencia, Tecnología, y Hacienda, entre otros. La agenda se centró en un amplio plan para el control de armas en respuesta a la reciente crisis de seguridad que incluyó el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, y el trágico homicidio de un niño de 13 años en La Florida. Tohá, al término del encuentro, destacó que el control de armas fue el tema principal abordado. La mayoría de los homicidios en nuestro país tienen detrás un arma de fuego. Esas armas circulan con más frecuencia de la aceptable en las calles, y muchas, aunque originalmente legales, terminan utilizándose para delitos , señaló la ministra del Interior. La funcionaria detalló que se presentaron propuestas concretas aprobadas por el presidente para un control más riguroso de las armas inscritas, la lucha contra el contrabando de armas y el fortalecimiento del control en los barrios. Además, se abordaron mecanismos de defensa y reducción de la circulación de armas en lugares con alta afluencia de público. Posteriormente, el subsecretario Monsalve desglosó los cinco ejes principales del plan de control de armas. Este incluirá mayor control, fiscalización en las fronteras, ampliación del registro de armamento, fortalecimiento de la trazabilidad y creación de identificación de huella balística, así como una propuesta para restringir la comercialización de armas a fogueo modificables. La primera resolución destacada fue la ampliación del Plan Microtráfico Cero (MT0) para investigar el uso de armas en barrios y poblaciones. Esto implicará el aumento del equipo de trabajo de la Policía de investigaciones (PDI), de 132 a 256 funcionarios. Otro punto esencial fue fortalecer el control en la frontera para impedir el tráfico ilícito de armas y sus partes, extendiendo un convenio entre la Dirección General de Movilización Nacional y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización de armas inscritas legalmente también será fortalecida, ya que dos tercios de las armas tradicionales de fuego incautadas estaban previamente inscritas de manera legal, pero terminaron en manos de delincuentes. El mandatario instruyó la presentación de una propuesta concreta para modificar las leyes o reglamentos que permitan la adquisición o comercialización de armas a fogueo modificables.
En Chile, la crisis de seguridad lidera los problemas aumentando sin límite los hechos delictuales con armas de fuego no inscritas, siendo uno de los puntos más preocupantes. Ante esto, La Contraloría General de la República detectó ciertas irregularidades en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), ya que según una auditoria 61 médicos psiquiatras remitieron certificados para tramitar armas a 1280 personas, pese a que no estaban registrados en la Superintendencia de Salud. Dado lo anterior, la ministra de Defensa, Maya Fernández señaló quecuando ingresó nuestro gobierno se tenían antecedentes de algunas falencias, con lo cual ya se estaban tomando medidas. Hay un nuevo reglamento de control de la Ley de Control de Armas, que es de diciembre del 2023. Existe un plan anual de fiscalización. Asimismo, respecto a los certificados la ministra detalló queson casos que vienen del 2011 al 2023. Así también, se evidenció que existen 30 personas que se encontraban inscritas en el registro de condenas y no fueron deshabilitadas para efectuar trámites en el sistema. Ahora bien, el director del Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort se refirió a que no se debe mezclar la trazabilidad de las armas legales con armas ilegales y manifestó queestá bien controlar, super bien, pero otra cosa total y absolutamente desvinculada a eso, son las personas que delinquen y que tienen armas ilegales, las cuales no hacen el certificado psiquiátrico, no inscriben, no dan su dirección.
En una escalada de violencia que azota a Haití, bandas armadas llevaron a cabo un ataque contra la mayor prisión civil del país el pasado sábado por la noche, permitiendo la fuga de más del 97% de los reclusos. Según informes de colectivos de derechos humanos y medios de prensa, de los 3.696 prisioneros, 3.597 lograron escapar, mientras que al menos una quincena de ellos perdieron la vida, reveló la agencia de noticias EFE. En los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, donde ocurrió el asalto, se encontraron los cuerpos de 10 reclusos, según fuentes locales. Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), describió la escena como una tragedia, destacando la presencia de numerosos cadáveres. El gobierno haitiano, en un comunicado, indicó que el asalto dejó varios heridos entre los reclusos y el personal penitenciario. Se denunció el desenfreno de criminales fuertemente armados con el objetivo de liberar a detenidos, principalmente por delitos graves como secuestro y asesinato. La situación se ha vuelto aún más compleja con la violencia que se desató en Puerto Príncipe desde el jueves, con ataques coordinados de pandillas que buscan la renuncia del primer ministro Ariel Henry. La cifra de muertos tras los disturbios asciende a al menos una decena, con varios cuerpos presentando impactos de bala o proyectiles, según testigos y reporteros que han visitado la escena. La Penitenciaría Nacional, que antes del ataque albergaba cerca de 3.800 reclusos, ahora cuenta con apenas un centenar de presos. Entre los que decidieron permanecer tras las rejas se encuentran los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moise, quienes enviaron mensajes relatando la angustiosa situación vivida durante el asalto. No me volé porque no debo nada , declaró uno de los internos identificado como Francisco Eladio Uribe, exsoldado colombiano acusado de participar en el asesinato presidencial. El gobierno de Colombia solicitó protección especial para los 17 ciudadanos suyos y planteó la posibilidad de trasladarlos a otra cárcel que ofrezca mayor seguridad. Mientras tanto, la capital haitiana sigue sumida en la violencia, con bandas bajo el lemaVivir juntos realizando ataques coordinados contra lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y edificios policiales, provocando una crisis política, de seguridad y humanitaria.
La mañana de este jueves marcó el regreso de las vacaciones presidenciales con el presidente Gabriel Boric liderando el segundo encuentro del Gabinete Pro Seguridad. La reunión, articulada para revisar la estrategia gubernamental en materia de seguridad, contó con la participación de ministros y secretarios de Estado. El evento, que comenzó a las 8:45 horas en La Moneda, reunió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y a los secretarios de Estado de Deporte, Culturas, Ciencia, Tecnología, y Hacienda, entre otros. La agenda se centró en un amplio plan para el control de armas en respuesta a la reciente crisis de seguridad que incluyó el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, y el trágico homicidio de un niño de 13 años en La Florida. Tohá, al término del encuentro, destacó que el control de armas fue el tema principal abordado. La mayoría de los homicidios en nuestro país tienen detrás un arma de fuego. Esas armas circulan con más frecuencia de la aceptable en las calles, y muchas, aunque originalmente legales, terminan utilizándose para delitos , señaló la ministra del Interior. La funcionaria detalló que se presentaron propuestas concretas aprobadas por el presidente para un control más riguroso de las armas inscritas, la lucha contra el contrabando de armas y el fortalecimiento del control en los barrios. Además, se abordaron mecanismos de defensa y reducción de la circulación de armas en lugares con alta afluencia de público. Posteriormente, el subsecretario Monsalve desglosó los cinco ejes principales del plan de control de armas. Este incluirá mayor control, fiscalización en las fronteras, ampliación del registro de armamento, fortalecimiento de la trazabilidad y creación de identificación de huella balística, así como una propuesta para restringir la comercialización de armas a fogueo modificables. La primera resolución destacada fue la ampliación del Plan Microtráfico Cero (MT0) para investigar el uso de armas en barrios y poblaciones. Esto implicará el aumento del equipo de trabajo de la Policía de investigaciones (PDI), de 132 a 256 funcionarios. Otro punto esencial fue fortalecer el control en la frontera para impedir el tráfico ilícito de armas y sus partes, extendiendo un convenio entre la Dirección General de Movilización Nacional y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización de armas inscritas legalmente también será fortalecida, ya que dos tercios de las armas tradicionales de fuego incautadas estaban previamente inscritas de manera legal, pero terminaron en manos de delincuentes. El mandatario instruyó la presentación de una propuesta concreta para modificar las leyes o reglamentos que permitan la adquisición o comercialización de armas a fogueo modificables.
