El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
En el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca Bielorrusa”, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, continuará en prisión preventiva, según determinó el tribunal este lunes 9 de febrero. La defensa de Vivanco, liderada por el abogado Jorge Valladares, solicitó modificar la medida cautelar argumentando la falta de elementos para configurar cohecho. Sin embargo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, insistió en mantener la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales asociados a diligencias pendientes. La investigación se centra en el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, donde se sospecha de intervenciones irregulares en decisiones judiciales, recepción de pagos o beneficios, y una posible trazabilidad financiera bajo análisis. Estos elementos sustentan las imputaciones por cohecho y lavado de activos. El proceso judicial continúa en desarrollo, recordando que rige la presunción de inocencia para todos los involucrados. Fuente: CNN Chile País
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
El Juzgado de Garantía de Los Lagos ha autorizado la demolición total o parcial de una vivienda y una bodega en la comuna de Máfil, donde residía Julia Chuñil, en un predio donde, según la investigación, habría tenido lugar su asesinato. La decisión fue tomada por el juez de garantía Andrés Riveros, tras una solicitud del Ministerio Público, considerando que estas diligencias son necesarias para avanzar en la investigación, a pesar de afectar el derecho de propiedad. En concreto, la Fiscalía quedó autorizada para demoler o desarmar construcciones como la casa, bodegas o cobertizos, además de realizar excavaciones, perforaciones y remoción del terreno con el objetivo de buscar evidencia relevante para el caso. Según la investigación fiscal, se señala que en el homicidio de Julia Chuñil estuvieron involucrados sus hijos Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y Javier Troncoso. Según esta versión, Javier Troncoso habría dado muerte a su madre por ahorcamiento tras una discusión, siendo ayudado por Pablo San Martín para ocultar el cuerpo. Estos hechos fueron confesados por el exyerno de la víctima y respaldados por dos testigos protegidos. Actualmente, el presunto autor material del crimen se encuentra en prisión preventiva, mientras que los otros imputados cumplen arresto domiciliario. Fuente: ADN Radio Nacional
El fiscal Marco Muñoz confirmó que la orden del 7° Juzgado de Garantía incluyó detención y entrada y registro. Aseguró que no hubo incidentes y que se le leyeron sus derechos. La Fiscalía Regional de Los Lagos defendió el horario y el desarrollo del procedimiento que terminó con la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco , quien quedó a la espera de su formalización este lunes en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”. Tras la diligencia ejecutada por personal del OS7 de Carabineros, el fiscal Marco Muñoz —a cargo del procedimiento— evitó entregar antecedentes de fondo sobre la investigación, aunque sí describió el cumplimiento de la orden judicial y recalcó que no existió irregularidad en el horario. Muñoz explicó que la Fiscalía dio cumplimiento a una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que contempló tanto la detención como una orden de entrada y registro en el domicilio de la exmagistrada. “Se dio cumplimiento a una resolución judicial emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que tiene por objeto practicar la detención y orden de entrada y registro de doña Ángela Vivanco Martínez ”, sostuvo el persecutor. El fiscal agregó que el procedimiento se realizó “de manera normal”, con lectura de derechos y sin incidentes. “ No hubo ningún inconveniente ni altercado ”, afirmó. Ante dudas por el horario del operativo, Muñoz sostuvo que la diligencia se realizó cuando existió resolución judicial habilitante. “ La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución respectiva ”, indicó. Vivanco figura como imputada en la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada “ trama bielorrusa ”, asociada al conflicto entre Belaz-Movitec y Codelco. Su formalización quedó prevista para este lunes. Fuente: CNN Chile País
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
En el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca Bielorrusa”, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, continuará en prisión preventiva, según determinó el tribunal este lunes 9 de febrero. La defensa de Vivanco, liderada por el abogado Jorge Valladares, solicitó modificar la medida cautelar argumentando la falta de elementos para configurar cohecho. Sin embargo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, insistió en mantener la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales asociados a diligencias pendientes. La investigación se centra en el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, donde se sospecha de intervenciones irregulares en decisiones judiciales, recepción de pagos o beneficios, y una posible trazabilidad financiera bajo análisis. Estos elementos sustentan las imputaciones por cohecho y lavado de activos. El proceso judicial continúa en desarrollo, recordando que rige la presunción de inocencia para todos los involucrados. Fuente: CNN Chile País
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
El Juzgado de Garantía de Los Lagos ha autorizado la demolición total o parcial de una vivienda y una bodega en la comuna de Máfil, donde residía Julia Chuñil, en un predio donde, según la investigación, habría tenido lugar su asesinato. La decisión fue tomada por el juez de garantía Andrés Riveros, tras una solicitud del Ministerio Público, considerando que estas diligencias son necesarias para avanzar en la investigación, a pesar de afectar el derecho de propiedad. En concreto, la Fiscalía quedó autorizada para demoler o desarmar construcciones como la casa, bodegas o cobertizos, además de realizar excavaciones, perforaciones y remoción del terreno con el objetivo de buscar evidencia relevante para el caso. Según la investigación fiscal, se señala que en el homicidio de Julia Chuñil estuvieron involucrados sus hijos Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y Javier Troncoso. Según esta versión, Javier Troncoso habría dado muerte a su madre por ahorcamiento tras una discusión, siendo ayudado por Pablo San Martín para ocultar el cuerpo. Estos hechos fueron confesados por el exyerno de la víctima y respaldados por dos testigos protegidos. Actualmente, el presunto autor material del crimen se encuentra en prisión preventiva, mientras que los otros imputados cumplen arresto domiciliario. Fuente: ADN Radio Nacional
El fiscal Marco Muñoz confirmó que la orden del 7° Juzgado de Garantía incluyó detención y entrada y registro. Aseguró que no hubo incidentes y que se le leyeron sus derechos. La Fiscalía Regional de Los Lagos defendió el horario y el desarrollo del procedimiento que terminó con la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco , quien quedó a la espera de su formalización este lunes en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”. Tras la diligencia ejecutada por personal del OS7 de Carabineros, el fiscal Marco Muñoz —a cargo del procedimiento— evitó entregar antecedentes de fondo sobre la investigación, aunque sí describió el cumplimiento de la orden judicial y recalcó que no existió irregularidad en el horario. Muñoz explicó que la Fiscalía dio cumplimiento a una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que contempló tanto la detención como una orden de entrada y registro en el domicilio de la exmagistrada. “Se dio cumplimiento a una resolución judicial emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que tiene por objeto practicar la detención y orden de entrada y registro de doña Ángela Vivanco Martínez ”, sostuvo el persecutor. El fiscal agregó que el procedimiento se realizó “de manera normal”, con lectura de derechos y sin incidentes. “ No hubo ningún inconveniente ni altercado ”, afirmó. Ante dudas por el horario del operativo, Muñoz sostuvo que la diligencia se realizó cuando existió resolución judicial habilitante. “ La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución respectiva ”, indicó. Vivanco figura como imputada en la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada “ trama bielorrusa ”, asociada al conflicto entre Belaz-Movitec y Codelco. Su formalización quedó prevista para este lunes. Fuente: CNN Chile País