En una decisión que ha generado controversia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto reabrir la investigación del Caso Monsalve. Esta determinación se tomó luego de que la defensa del exsubsecretario solicitara nuevas diligencias, las cuales buscan acreditar su inocencia. A pesar de que la Fiscalía ya había presentado una acusación en la que solicitaba 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior, acusado de abuso sexual y violación, el tribunal ha otorgado un plazo de 120 días para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La defensa, encabezada por el abogado Víctor Providel, ha expresado su satisfacción con esta decisión, ya que consideran que las nuevas diligencias serán clave para demostrar la inocencia de Monsalve. Por otro lado, la abogada María Elena Santibáñez, representante de la víctima, ha manifestado su preocupación al señalar que esta medida podría estar siendo utilizada para dilatar el proceso investigativo. La reapertura de la investigación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde se han compartido opiniones a favor y en contra de esta decisión. El caso Manuel Monsalve continúa generando interés y expectativa en la opinión pública. La defensa del exsubsecretario busca la autorización de nuevas diligencias. 🔴AHORA| 7mo JG de Santiago resolvió reabrir la investigación del caso “Manuel Monsalve” a raíz de la solicitud presentada x su defensa, a pesar de que Fiscalía ya había ingresado acusación en la que pedía 14 años de presidio efectivo. 120 días de plazo. @CNNChile pic.twitter.com/Ou7ijVdguy — Miguelangel Araya (@solomaraya) January 20, 2026 Fuente: CNN Chile País
Las diligencias investigativas por la desaparición de Julia Chuñil continúan desarrollándose en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, donde se lleva a cabo la sexta jornada de búsqueda del cuerpo de la adulta mayor, vista por última vez en noviembre de 2024. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó en un punto de prensa que durante esta jornada se detectaron evidencias de sangre humana en el domicilio de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre de 2024. Carabineros y equipos especializados trabajan en el sector El Ciruelo, específicamente en el predio donde residía la dirigente mapuche, lugar que la Fiscalía identifica como el sitio donde se habría cometido el homicidio. Durante el fin de semana, las labores incluyeron excavaciones con retroexcavadora tanto en las inmediaciones del domicilio como en un terreno ubicado frente a la vivienda. En el marco de estos procedimientos, se detectaron rastros de sangre en un galpón cercano a la casa de Julia Chuñil. Las muestras fueron levantadas desde el lugar y enviadas al Laboratorio de Criminalística de Santiago para determinar su origen y si corresponden a sangre humana. En una bodega del inmueble se hallaron manchas en una pared con un patrón que podría ser compatible con proyección, según la evaluación preliminar de los peritos. La fiscal Esquivel aseguró que las diligencias “han permitido en algunos lugares de interés encontrar muestras de sangre humana”. Además, se encontraron restos biológicos en dos herramientas que estaban al interior de la misma bodega, específicamente un machete y un hacha quebrada. Respecto a la ubicación del cuerpo, la fiscal señaló que el último lugar de posicionamiento del cadáver de Julia Chuñil sería su propio domicilio, existiendo antecedentes que indican un posible traslado dentro del mismo predio. Desde el Ministerio Público se subrayó que el hallazgo de sangre al interior del domicilio reviste especial relevancia investigativa, considerando que se trata de un hecho violento y que el cuerpo de la mujer aún no ha sido encontrado. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo allanamientos en las oficinas de Codelco y Sernageomin en las regiones de Atacama, Metropolitana y O'Higgins, como parte de la investigación sobre el derrumbe en la mina El Teniente. Este operativo cuenta con la participación de 120 funcionarios de la PDI, acompañados por seis fiscales, entre los que se encuentran el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y Claudio Meneses. En detalle, se han realizado allanamientos en las oficinas corporativas y administrativas de El Teniente, así como en las instalaciones mineras del sector Colón. Hasta el momento, se han identificado 30 sujetos de interés, relacionados con este caso. Es importante recordar que el derrumbe en la mina El Teniente ocurrió a principios de agosto de este año y resultó en la trágica muerte de seis mineros. Fuente: CNN Chile País
En una decisión que ha generado controversia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto reabrir la investigación del Caso Monsalve. Esta determinación se tomó luego de que la defensa del exsubsecretario solicitara nuevas diligencias, las cuales buscan acreditar su inocencia. A pesar de que la Fiscalía ya había presentado una acusación en la que solicitaba 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior, acusado de abuso sexual y violación, el tribunal ha otorgado un plazo de 120 días para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La defensa, encabezada por el abogado Víctor Providel, ha expresado su satisfacción con esta decisión, ya que consideran que las nuevas diligencias serán clave para demostrar la inocencia de Monsalve. Por otro lado, la abogada María Elena Santibáñez, representante de la víctima, ha manifestado su preocupación al señalar que esta medida podría estar siendo utilizada para dilatar el proceso investigativo. La reapertura de la investigación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde se han compartido opiniones a favor y en contra de esta decisión. El caso Manuel Monsalve continúa generando interés y expectativa en la opinión pública. La defensa del exsubsecretario busca la autorización de nuevas diligencias. 🔴AHORA| 7mo JG de Santiago resolvió reabrir la investigación del caso “Manuel Monsalve” a raíz de la solicitud presentada x su defensa, a pesar de que Fiscalía ya había ingresado acusación en la que pedía 14 años de presidio efectivo. 120 días de plazo. @CNNChile pic.twitter.com/Ou7ijVdguy — Miguelangel Araya (@solomaraya) January 20, 2026 Fuente: CNN Chile País
Las diligencias investigativas por la desaparición de Julia Chuñil continúan desarrollándose en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, donde se lleva a cabo la sexta jornada de búsqueda del cuerpo de la adulta mayor, vista por última vez en noviembre de 2024. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó en un punto de prensa que durante esta jornada se detectaron evidencias de sangre humana en el domicilio de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre de 2024. Carabineros y equipos especializados trabajan en el sector El Ciruelo, específicamente en el predio donde residía la dirigente mapuche, lugar que la Fiscalía identifica como el sitio donde se habría cometido el homicidio. Durante el fin de semana, las labores incluyeron excavaciones con retroexcavadora tanto en las inmediaciones del domicilio como en un terreno ubicado frente a la vivienda. En el marco de estos procedimientos, se detectaron rastros de sangre en un galpón cercano a la casa de Julia Chuñil. Las muestras fueron levantadas desde el lugar y enviadas al Laboratorio de Criminalística de Santiago para determinar su origen y si corresponden a sangre humana. En una bodega del inmueble se hallaron manchas en una pared con un patrón que podría ser compatible con proyección, según la evaluación preliminar de los peritos. La fiscal Esquivel aseguró que las diligencias “han permitido en algunos lugares de interés encontrar muestras de sangre humana”. Además, se encontraron restos biológicos en dos herramientas que estaban al interior de la misma bodega, específicamente un machete y un hacha quebrada. Respecto a la ubicación del cuerpo, la fiscal señaló que el último lugar de posicionamiento del cadáver de Julia Chuñil sería su propio domicilio, existiendo antecedentes que indican un posible traslado dentro del mismo predio. Desde el Ministerio Público se subrayó que el hallazgo de sangre al interior del domicilio reviste especial relevancia investigativa, considerando que se trata de un hecho violento y que el cuerpo de la mujer aún no ha sido encontrado. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo allanamientos en las oficinas de Codelco y Sernageomin en las regiones de Atacama, Metropolitana y O'Higgins, como parte de la investigación sobre el derrumbe en la mina El Teniente. Este operativo cuenta con la participación de 120 funcionarios de la PDI, acompañados por seis fiscales, entre los que se encuentran el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y Claudio Meneses. En detalle, se han realizado allanamientos en las oficinas corporativas y administrativas de El Teniente, así como en las instalaciones mineras del sector Colón. Hasta el momento, se han identificado 30 sujetos de interés, relacionados con este caso. Es importante recordar que el derrumbe en la mina El Teniente ocurrió a principios de agosto de este año y resultó en la trágica muerte de seis mineros. Fuente: CNN Chile País
