El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
