Para contextualizar, Eduardo Macaya fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual a menores de edad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario. Ante esto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró que de comprobarse un trato privilegiado a Macaya se aplicaránlas máximas sanciones. Asimismo, en una entrevista con Radio ADN la ministra señaló quetodavía no está listo el informe de Gendarmería, pero sí está clara la convicción del Ejecutivo para que se apliquen sanciones. Además, Tohá detalló quesi está clara nuestra orientación en el sentido de que, si es efectivo que se dio ese tipo de trato por fuera de las normas y estándares que Gendarmería tiene, eso no puede ser aceptado, debe ser duramente sancionado y no se puede repetir. Finalmente, la ministra dijo queva a haber sanciones, por supuesto, hay funcionarios que pueden tener sanciones de distinto tipo, hasta la destitución.
Durante la mañana de este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al escrito del presidente de Colombia sobre la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Para contextualizar, Gustavo Petro, presidente de Colombia escribió en su cuenta de X lo siguiente:yo pido la libertad de Gabriel (Daniel) Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres. Ante esto, en una entrevista con CNN Chile, la ministra Tohá calificó comouna imprudencia, un error grave y una imprudencia. Asimismo, Carolina Tohá señaló queprimero, porque está mal informado el presidente Petro respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace. Así también, Tohá añadió queun país no se pone a opinar de la institucionalidad de otro país democrático de la misma región. Nos parece que es parte de una relación sana, entre naciones, no hace ese tipo de declaraciones. T odos podemos tener críticas, pero eso no hace que la institución sea en sí misma mala, sino que el criterio con que se aplica uno lo puede discutir, si es muy extensiva o no, no cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet , concluyó la ministra.
Durante la jornada de este jueves, Carolina Tohá en la sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) 50 de la Cámara de Diputados de Inteligencia y Crimen Organizado abordó sobre la visita de fiscales venezolanos que están en el país desde el martes 28 de mayo y hasta el sábado 1 de junio. Ante esto, la entidad persecutora de Venezuela comunicó que la visita tiene por finalidad,concretar reuniones en materia de cooperación penal internacional, con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Sin embargo, la ministra Tohá en el Congreso señaló quelos fiscales no tomaron ningún contacto con el Gobierno de Chile, hicieron contacto con la Fiscalía Nacional, evidentemente la fiscalía nos informó, fueron recibidos por la fiscalía, no sé si fueron o van a ser recibidos en estas horas por la persona responsable de las relaciones internacionales en la fiscalía. Además, añadió queno han tenido acceso a ningún aspecto de la carpeta investigativa, ni ningún elemento, porque hay mecanismos para esas cosas, no se hacen de esta manera, entonces han tenido un contacto diplomático, como corresponde, pero no acceso a la información reservada de la investigación. Razones por la que no se reunió el Ministerio Público El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó detalles en una entrevista con Radio Pauta sobre la visita de la comitiva oficial de fiscales venezolanos y manifestó quenosotros les manifestamos primero, que yo no iba a estar y que no tenía agenda, que era una muy mala semana para todos en la Fiscalía y estábamos enterándonos con uno o dos días de anticipación del viaje. Dado lo anterior, Valencia afirmó que los requerimientos realizados por los representantes venezolanos exceden lo que la ley permite en el actual estado de la investigación. Asimismo, aseveró quela investigación es reservada. Y junto con aquello no vamos a realizar ninguna gestión para que ellos tengan contacto con las víctimas. Si nosotros tenemos deber de protección con las víctimas. Y aquí las víctimas han manifestado abiertamente su preocupación. No es necesario detallarlas. Pero no vamos a hacer más que aquello que la ley nos permite, porque simplemente la ley no nos lo permite, dijo el fiscal. Finalmente, el fiscal Hector Barros también advirtió que no fue notificado de un requerimiento de pena internacional, el cual regula esas instancias entre organismos de distintos países.
Esta tarde, la Corte Suprema tomó una decisión crucial respecto al juicio oral contra 19 imputados vinculados a Los Gallegos, una organización criminal ligada al Tren de Aragua. El tribunal superior acogió un recurso de protección presentado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería, revocando la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Arica que exigía la presencialidad del juicio. En su lugar, se determinó que el proceso se realice de manera telemática. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó la admisión del recurso y la implementación de una orden de no innovar por parte de la Corte Suprema.Hoy día fueron admitidos a tramitación por parte de la Corte Suprema, quienes además determinaron lo que se denomina orden de no innovar, y dentro de esta orden de no innovar han resuelto que el juicio se puede iniciar el día lunes y bajo la modalidad que inicialmente había resuelto el Tribunal Oral en Lo Penal. Esto es, con el carácter de telemático, explicó Carrera. Desde el Ministerio Público, se mostraron conformes con la resolución, aunque Carrera aclaró que la aceptación de la orden de no innovar no significa que el recurso haya sido completamente resuelto.El hecho de que se haya acogido la orden de no innovar no implica que ya esté resuelto el recurso, sino que simplemente durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se ha dado luz verde al traslado o no, señaló el fiscal. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, presentó el recurso contra la realización presencial del juicio considerando los riesgos que el traslado de los acusados podía implicar.La opinión nuestra, que es la opinión de Gendarmería, es que la realización del juicio presencial, teniendo posibilidades de conexión telemática real y efectiva, implica un riesgo significativo a la seguridad por tres grandes motivos. El primero, por los traslados. El segundo, por el perfil de las personas. Son de peligrosas y de alto compromiso. Y el tercero, por el riesgo que implica un juicio presencial de esas características en el lugar donde se encuentra el tribunal, argumentó el ministro de Justicia, Luis Cordero. El juicio, que involucra a un total de 38 acusados, se llevará a cabo el próximo lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, de manera telemática. De los 19 acusados que estaban inicialmente obligados a asistir de manera presencial, cinco enfrentan solicitudes de presidio perpetuo, destacando la gravedad de los cargos en su contra.
Para contextualizar, Eduardo Macaya fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual a menores de edad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario. Ante esto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró que de comprobarse un trato privilegiado a Macaya se aplicaránlas máximas sanciones. Asimismo, en una entrevista con Radio ADN la ministra señaló quetodavía no está listo el informe de Gendarmería, pero sí está clara la convicción del Ejecutivo para que se apliquen sanciones. Además, Tohá detalló quesi está clara nuestra orientación en el sentido de que, si es efectivo que se dio ese tipo de trato por fuera de las normas y estándares que Gendarmería tiene, eso no puede ser aceptado, debe ser duramente sancionado y no se puede repetir. Finalmente, la ministra dijo queva a haber sanciones, por supuesto, hay funcionarios que pueden tener sanciones de distinto tipo, hasta la destitución.
Durante la mañana de este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al escrito del presidente de Colombia sobre la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Para contextualizar, Gustavo Petro, presidente de Colombia escribió en su cuenta de X lo siguiente:yo pido la libertad de Gabriel (Daniel) Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres. Ante esto, en una entrevista con CNN Chile, la ministra Tohá calificó comouna imprudencia, un error grave y una imprudencia. Asimismo, Carolina Tohá señaló queprimero, porque está mal informado el presidente Petro respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace. Así también, Tohá añadió queun país no se pone a opinar de la institucionalidad de otro país democrático de la misma región. Nos parece que es parte de una relación sana, entre naciones, no hace ese tipo de declaraciones. T odos podemos tener críticas, pero eso no hace que la institución sea en sí misma mala, sino que el criterio con que se aplica uno lo puede discutir, si es muy extensiva o no, no cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet , concluyó la ministra.
Durante la jornada de este jueves, Carolina Tohá en la sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) 50 de la Cámara de Diputados de Inteligencia y Crimen Organizado abordó sobre la visita de fiscales venezolanos que están en el país desde el martes 28 de mayo y hasta el sábado 1 de junio. Ante esto, la entidad persecutora de Venezuela comunicó que la visita tiene por finalidad,concretar reuniones en materia de cooperación penal internacional, con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Sin embargo, la ministra Tohá en el Congreso señaló quelos fiscales no tomaron ningún contacto con el Gobierno de Chile, hicieron contacto con la Fiscalía Nacional, evidentemente la fiscalía nos informó, fueron recibidos por la fiscalía, no sé si fueron o van a ser recibidos en estas horas por la persona responsable de las relaciones internacionales en la fiscalía. Además, añadió queno han tenido acceso a ningún aspecto de la carpeta investigativa, ni ningún elemento, porque hay mecanismos para esas cosas, no se hacen de esta manera, entonces han tenido un contacto diplomático, como corresponde, pero no acceso a la información reservada de la investigación. Razones por la que no se reunió el Ministerio Público El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó detalles en una entrevista con Radio Pauta sobre la visita de la comitiva oficial de fiscales venezolanos y manifestó quenosotros les manifestamos primero, que yo no iba a estar y que no tenía agenda, que era una muy mala semana para todos en la Fiscalía y estábamos enterándonos con uno o dos días de anticipación del viaje. Dado lo anterior, Valencia afirmó que los requerimientos realizados por los representantes venezolanos exceden lo que la ley permite en el actual estado de la investigación. Asimismo, aseveró quela investigación es reservada. Y junto con aquello no vamos a realizar ninguna gestión para que ellos tengan contacto con las víctimas. Si nosotros tenemos deber de protección con las víctimas. Y aquí las víctimas han manifestado abiertamente su preocupación. No es necesario detallarlas. Pero no vamos a hacer más que aquello que la ley nos permite, porque simplemente la ley no nos lo permite, dijo el fiscal. Finalmente, el fiscal Hector Barros también advirtió que no fue notificado de un requerimiento de pena internacional, el cual regula esas instancias entre organismos de distintos países.
Esta tarde, la Corte Suprema tomó una decisión crucial respecto al juicio oral contra 19 imputados vinculados a Los Gallegos, una organización criminal ligada al Tren de Aragua. El tribunal superior acogió un recurso de protección presentado por el Ministerio del Interior, la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería, revocando la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Arica que exigía la presencialidad del juicio. En su lugar, se determinó que el proceso se realice de manera telemática. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó la admisión del recurso y la implementación de una orden de no innovar por parte de la Corte Suprema.Hoy día fueron admitidos a tramitación por parte de la Corte Suprema, quienes además determinaron lo que se denomina orden de no innovar, y dentro de esta orden de no innovar han resuelto que el juicio se puede iniciar el día lunes y bajo la modalidad que inicialmente había resuelto el Tribunal Oral en Lo Penal. Esto es, con el carácter de telemático, explicó Carrera. Desde el Ministerio Público, se mostraron conformes con la resolución, aunque Carrera aclaró que la aceptación de la orden de no innovar no significa que el recurso haya sido completamente resuelto.El hecho de que se haya acogido la orden de no innovar no implica que ya esté resuelto el recurso, sino que simplemente durante la próxima semana la Corte Suprema va a resolver en definitiva si se ha dado luz verde al traslado o no, señaló el fiscal. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, presentó el recurso contra la realización presencial del juicio considerando los riesgos que el traslado de los acusados podía implicar.La opinión nuestra, que es la opinión de Gendarmería, es que la realización del juicio presencial, teniendo posibilidades de conexión telemática real y efectiva, implica un riesgo significativo a la seguridad por tres grandes motivos. El primero, por los traslados. El segundo, por el perfil de las personas. Son de peligrosas y de alto compromiso. Y el tercero, por el riesgo que implica un juicio presencial de esas características en el lugar donde se encuentra el tribunal, argumentó el ministro de Justicia, Luis Cordero. El juicio, que involucra a un total de 38 acusados, se llevará a cabo el próximo lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, de manera telemática. De los 19 acusados que estaban inicialmente obligados a asistir de manera presencial, cinco enfrentan solicitudes de presidio perpetuo, destacando la gravedad de los cargos en su contra.
