La formalización del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inicialmente programada para mayo, ha sido aplazada cinco meses. Esta decisión surge a raíz de una petición del fiscal Xavier Armendáriz, quien argumenta la necesidad de más tiempo para examinar nuevos datos relevantes en el caso de responsabilidad de mando de Yáñez durante el estallido social de 2019. La audiencia, que ahora se realizará el 1 de octubre, fue reprogramada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La reprogramación permite a las autoridades judiciales incorporar y evaluar la información recién obtenida que podría influir en el proceso. La decisión se toma después de un incidente significativo que involucró la muerte de tres carabineros en la Región del Bío Bío, lo que también impactó en las prioridades y el enfoque de las investigaciones actuales del Ministerio Público. Además de Yáñez, las audiencias de los exgenerales Mario Rozas y Diego Olate, también han sido reprogramadas, mostrando la extensión y la complejidad del caso que sigue captando la atención pública y mediática del país.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se vio sacudido por la controversia generada a raíz del caso audios que involucra presuntos sobornos a funcionarios para favorecer al empresario Daniel Sauer. En medio de este escándalo, el SII tomó la decisión de remover a Christian Soto, quien se desempeñaba como director de Grandes Contribuyentes, el 21 de noviembre de 2023. La medida fue justificada por una pérdida de confianza, según argumentó el propio SII. Sin embargo, dado que la remoción se enmarca en investigaciones internas y es provisional, Soto ha retomado sus labores en el Servicio, aunque ahora desempeñando un nuevo rol. Según lo informado por Diario Financiero, Soto ha sido asignado a la Subdirección de Desarrollo de Personas, ocupando el cargo que anteriormente tenía otro funcionario. Mientras tanto, el puesto de director de Grandes Contribuyentes está siendo ocupado de forma interina por Marcelo Avendaño. De momento, este sumario administrativo por el caso audio aún continúa en curso y bajo reserva, como también la investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos ha reafirmado su compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables de cualquier delito sean debidamente sancionados.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
La formalización del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inicialmente programada para mayo, ha sido aplazada cinco meses. Esta decisión surge a raíz de una petición del fiscal Xavier Armendáriz, quien argumenta la necesidad de más tiempo para examinar nuevos datos relevantes en el caso de responsabilidad de mando de Yáñez durante el estallido social de 2019. La audiencia, que ahora se realizará el 1 de octubre, fue reprogramada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La reprogramación permite a las autoridades judiciales incorporar y evaluar la información recién obtenida que podría influir en el proceso. La decisión se toma después de un incidente significativo que involucró la muerte de tres carabineros en la Región del Bío Bío, lo que también impactó en las prioridades y el enfoque de las investigaciones actuales del Ministerio Público. Además de Yáñez, las audiencias de los exgenerales Mario Rozas y Diego Olate, también han sido reprogramadas, mostrando la extensión y la complejidad del caso que sigue captando la atención pública y mediática del país.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Antofagasta presentó una ampliación de la querella criminal dirigida contra Paz Fuica Contreras, ex funcionaria de la seremi de la región y ex concejala municipal. La querella original, interpuesta el 1 de septiembre de 2023, estaba dirigida contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, por el delito de fraude al Fisco. La ampliación de la querella ahora incluye a Paz Fuica Contreras, acusándola en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco. El Consejo le imputa el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo. Según la acción del CDE, los elementos que configuran el delito incluyen la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, su intervención en operaciones por razón de su cargo, la significación patrimonial para el Estado de dichas operaciones, y el perjuicio al patrimonio fiscal. Se sostiene que al suscribir tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, Carlos Contreras, en colaboración con Paz Fuica Contreras y Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes como Seremi Minvu de la región de Antofagasta, resultando en un fraude al Fisco y un perjuicio ascendente a $391.768.516. Los hechos y antecedentes comunicados por el Ministerio Público a la querellada durante su control de detención y formalización el 11 y 12 de enero pasados respaldan la acción del Consejo. Entre los antecedentes se incluye la calidad de empleada pública de Paz Fuica Contreras, quien recibía honorarios de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza mientras se desempeñaba en el gabinete del ex seremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) se vio sacudido por la controversia generada a raíz del caso audios que involucra presuntos sobornos a funcionarios para favorecer al empresario Daniel Sauer. En medio de este escándalo, el SII tomó la decisión de remover a Christian Soto, quien se desempeñaba como director de Grandes Contribuyentes, el 21 de noviembre de 2023. La medida fue justificada por una pérdida de confianza, según argumentó el propio SII. Sin embargo, dado que la remoción se enmarca en investigaciones internas y es provisional, Soto ha retomado sus labores en el Servicio, aunque ahora desempeñando un nuevo rol. Según lo informado por Diario Financiero, Soto ha sido asignado a la Subdirección de Desarrollo de Personas, ocupando el cargo que anteriormente tenía otro funcionario. Mientras tanto, el puesto de director de Grandes Contribuyentes está siendo ocupado de forma interina por Marcelo Avendaño. De momento, este sumario administrativo por el caso audio aún continúa en curso y bajo reserva, como también la investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos ha reafirmado su compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables de cualquier delito sean debidamente sancionados.
El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos. Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final. En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos. En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas. El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
