A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Un informe anual del Ministerio Público ha revelado un preocupante aumento en los casos de homicidio al interior de recintos penales en Chile durante el año 2024. Según el reporte, se registraron 49 asesinatos, lo que representa un incremento del 36% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 36 casos. Este aumento ha sido atribuido principalmente al rápido crecimiento de la población penal en el país. Según el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, la competencia por espacio y recursos básicos dentro de las cárceles ha generado entornos de violencia espontánea y fragmentada, poniendo en entredicho la gobernanza institucional. En la Región Metropolitana, específicamente, los casos de homicidio en cárceles han experimentado un alarmante aumento del 150%, pasando de 8 a 20. Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, señaló que la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos son factores que explican esta tendencia. Otro aspecto relevante es el cambio en la composición de la población penal con la llegada de un mayor número de reclusos extranjeros. Según Alveal, mientras que en el año 2000 representaban el 2,6%, actualmente alcanzan el 15,7%, con una predominancia de colombianos y venezolanos vinculados a estructuras criminales más complejas. Hasta el momento, en lo que va del año 2025 se han reportado 18 casos de homicidio en distintas cárceles chilenas. Gendarmería ha destacado la implementación de un plan de acción enfocado en 12 cárceles prioritarias, donde se concentra el 80% de las muertes. Gracias a estas medidas, se ha logrado reducir en un 30% las muertes relacionadas con hechos violentos. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
Un informe anual del Ministerio Público ha revelado un preocupante aumento en los casos de homicidio al interior de recintos penales en Chile durante el año 2024. Según el reporte, se registraron 49 asesinatos, lo que representa un incremento del 36% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 36 casos. Este aumento ha sido atribuido principalmente al rápido crecimiento de la población penal en el país. Según el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, la competencia por espacio y recursos básicos dentro de las cárceles ha generado entornos de violencia espontánea y fragmentada, poniendo en entredicho la gobernanza institucional. En la Región Metropolitana, específicamente, los casos de homicidio en cárceles han experimentado un alarmante aumento del 150%, pasando de 8 a 20. Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, señaló que la alta densidad penal y perfiles delictivos más complejos son factores que explican esta tendencia. Otro aspecto relevante es el cambio en la composición de la población penal con la llegada de un mayor número de reclusos extranjeros. Según Alveal, mientras que en el año 2000 representaban el 2,6%, actualmente alcanzan el 15,7%, con una predominancia de colombianos y venezolanos vinculados a estructuras criminales más complejas. Hasta el momento, en lo que va del año 2025 se han reportado 18 casos de homicidio en distintas cárceles chilenas. Gendarmería ha destacado la implementación de un plan de acción enfocado en 12 cárceles prioritarias, donde se concentra el 80% de las muertes. Gracias a estas medidas, se ha logrado reducir en un 30% las muertes relacionadas con hechos violentos. Fuente: CNN Chile País
