El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras la reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería luego de la liberación errónea de dos personas en menos de 24 horas, detalló una serie de medidas, entre las que destacan acciones judiciales y la suspensión de vacaciones para esclarecer los hechos. Durante este jueves, el subsecretario Muñoz sostuvo una reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería, tras el caso de las dos personas que debían quedar en prisión preventiva y que fueron liberadas, una en Santiago y la otra en Viña del Mar, en menos de 24 horas. Entre las medidas que se llevarán a cabo tras estos sucesos, el subsecretario Muñoz anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o a algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”. “Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o coludida con aquel a quien se le otorga la libertad, no cumplen con su deber como funcionarios públicos”, remarcó. Respecto de la suspensión de vacaciones de los altos mandos de la institución penitenciaria, sostuvo que se debe a una reunión que se realizará el 16 de febrero y detalló: “Vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones haya bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”. Fuente: CNN Chile País
La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha presentado su renuncia al Ministerio Público en medio de la investigación del caso ProCultura, el cual estaba bajo su responsabilidad. En un escrito dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En sus declaraciones, Ríos expresó: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”. Según el exfiscal, la situación se hizo evidente cuando descubrió que en noviembre pasado el Departamento Especializado en Responsabilidad (DER) y/o el fiscal regional solicitaron a una abogada asesora un informe sobre el estado de ProCultura con la instrucción de mantenerlo en secreto. Esto ocurrió sin su conocimiento, a pesar de que la abogada formaba parte de su equipo. Ríos agregó: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”. La renuncia de Eduardo Ríos ha generado revuelo en el ámbito judicial y se espera que las autoridades correspondientes investiguen las acusaciones de maltrato laboral realizadas contra Juan Castro Bekios. La noticia ha sido difundida por diversos medios como T13 y ha generado interés en la opinión pública. Fuente: CNN Chile País
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras la reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería luego de la liberación errónea de dos personas en menos de 24 horas, detalló una serie de medidas, entre las que destacan acciones judiciales y la suspensión de vacaciones para esclarecer los hechos. Durante este jueves, el subsecretario Muñoz sostuvo una reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería, tras el caso de las dos personas que debían quedar en prisión preventiva y que fueron liberadas, una en Santiago y la otra en Viña del Mar, en menos de 24 horas. Entre las medidas que se llevarán a cabo tras estos sucesos, el subsecretario Muñoz anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o a algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”. “Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o coludida con aquel a quien se le otorga la libertad, no cumplen con su deber como funcionarios públicos”, remarcó. Respecto de la suspensión de vacaciones de los altos mandos de la institución penitenciaria, sostuvo que se debe a una reunión que se realizará el 16 de febrero y detalló: “Vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones haya bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”. Fuente: CNN Chile País
La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
