Nueve meses después de la tregua anunciada en Gaza, el escenario humanitario en la Franja sigue siendo crítico. Aunque el acuerdo contemplaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí, la mayoría de esos puntos permanece sin cumplirse. Según autoridades sanitarias gazatíes, más de 1.100 personas han muerto desde el inicio de la tregua, mientras Israel continúa con bombardeos diarios, operaciones selectivas y una ocupación terrestre que reduce cada vez más el espacio disponible para la población civil. Según consigna El País, la oficina de la ONU para los Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó además que el acceso al agua potable es hoy una de las mayores preocupaciones de las familias. En medio del bloqueo político, Hamás anunció la disolución de su Gobierno en Gaza, una de las condiciones incluidas en la hoja de ruta impulsada por Washington. Su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el movimiento palestino dio “un nuevo paso al dejar el mando de la Franja”, presentando la decisión como un intento de desbloquear la aplicación del acuerdo. El vocero añadió que con esa medida “eliminamos así cualquier pretexto de la ocupación, que mantiene su agresión y su guerra de exterminio”. Sin embargo, el nuevo comité tecnocrático previsto para administrar temporalmente Gaza aún no ha podido ingresar al enclave, mientras Israel exige que el desarme de Hamás ocurra antes de avanzar en cualquier otra etapa del pacto. La crisis golpea especialmente a la población civil. Desde 2023, las autoridades gazatíes reportan al menos 73.221 fallecidos, cifra que la ONU toma como referencia, con una amplia mayoría de víctimas civiles y un tercio correspondiente a niños. El Ministerio de Sanidad local denunció además que el 70% de las ambulancias está fuera de servicio tras años de asedio. A la emergencia médica se suma el deterioro de las condiciones de vida. El acuerdo contemplaba rehabilitar redes de agua, electricidad y alcantarillado, pero buena parte de la población sigue sin suministro regular, expuesta a aguas residuales, plagas y enfermedades. OCHA identificó en las últimas dos semanas 9.300 casos de varicela, en un contexto de hacinamiento y alta inseguridad alimentaria. La expansión militar israelí también amenaza la entrega de ayuda. Según OCHA, el avance de la llamada Línea Amarilla, que delimita la ocupación, “pone en peligro la labor humanitaria”. En un testimonio difundido por la ONU, un residente gazatí resumió la incertidumbre de miles de familias: “Nos dicen que esto es ahora la Línea Amarilla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?”. Mientras la Junta de Paz liderada por Donald Trump prepara refugios humanitarios en zonas bajo control israelí, el futuro de Gaza continúa atrapado entre exigencias de desarme, bombardeos, bloqueo institucional y una población civil que sigue pagando el costo más alto del conflicto. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
Nueve meses después de la tregua anunciada en Gaza, el escenario humanitario en la Franja sigue siendo crítico. Aunque el acuerdo contemplaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí, la mayoría de esos puntos permanece sin cumplirse. Según autoridades sanitarias gazatíes, más de 1.100 personas han muerto desde el inicio de la tregua, mientras Israel continúa con bombardeos diarios, operaciones selectivas y una ocupación terrestre que reduce cada vez más el espacio disponible para la población civil. Según consigna El País, la oficina de la ONU para los Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó además que el acceso al agua potable es hoy una de las mayores preocupaciones de las familias. En medio del bloqueo político, Hamás anunció la disolución de su Gobierno en Gaza, una de las condiciones incluidas en la hoja de ruta impulsada por Washington. Su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el movimiento palestino dio “un nuevo paso al dejar el mando de la Franja”, presentando la decisión como un intento de desbloquear la aplicación del acuerdo. El vocero añadió que con esa medida “eliminamos así cualquier pretexto de la ocupación, que mantiene su agresión y su guerra de exterminio”. Sin embargo, el nuevo comité tecnocrático previsto para administrar temporalmente Gaza aún no ha podido ingresar al enclave, mientras Israel exige que el desarme de Hamás ocurra antes de avanzar en cualquier otra etapa del pacto. La crisis golpea especialmente a la población civil. Desde 2023, las autoridades gazatíes reportan al menos 73.221 fallecidos, cifra que la ONU toma como referencia, con una amplia mayoría de víctimas civiles y un tercio correspondiente a niños. El Ministerio de Sanidad local denunció además que el 70% de las ambulancias está fuera de servicio tras años de asedio. A la emergencia médica se suma el deterioro de las condiciones de vida. El acuerdo contemplaba rehabilitar redes de agua, electricidad y alcantarillado, pero buena parte de la población sigue sin suministro regular, expuesta a aguas residuales, plagas y enfermedades. OCHA identificó en las últimas dos semanas 9.300 casos de varicela, en un contexto de hacinamiento y alta inseguridad alimentaria. La expansión militar israelí también amenaza la entrega de ayuda. Según OCHA, el avance de la llamada Línea Amarilla, que delimita la ocupación, “pone en peligro la labor humanitaria”. En un testimonio difundido por la ONU, un residente gazatí resumió la incertidumbre de miles de familias: “Nos dicen que esto es ahora la Línea Amarilla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?”. Mientras la Junta de Paz liderada por Donald Trump prepara refugios humanitarios en zonas bajo control israelí, el futuro de Gaza continúa atrapado entre exigencias de desarme, bombardeos, bloqueo institucional y una población civil que sigue pagando el costo más alto del conflicto. Fuente: ADN Radio Nacional
La Asociación Gremial de Transportes de Carga por Carreteras de Chile ha salido en defensa de la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de la presión internacional por el alza del petróleo y las dudas sobre cómo enfrentar un eventual incremento en el valor de las bencinas, el diésel y la parafina en el país. Para el gremio, eliminar o debilitar esta herramienta tendría efectos directos no solo sobre el transporte, sino también sobre la economía en general. A través de un comunicado, el sector recalcó que el Mepco cumple una función clave en escenarios de alta volatilidad externa. En esa línea, sostuvo que esta política pública “es necesaria para el funcionamiento de la economía”, remarcando que no se trata de una medida accesoria, sino de un instrumento que ayuda a moderar el impacto de shocks internacionales sobre los combustibles en Chile. Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa del mecanismo frente a cuestionamientos sobre su costo fiscal. Desde la organización descartaron que mantener el Mepco represente un gasto innecesario y afirmaron que “no es un subsidio permanente ni un gasto estructural del Estado, sino un mecanismo contracíclico que compensa alzas y bajas en el tiempo”. El gremio fue aún más allá y definió el mecanismo como “una política pública eficaz, responsable y necesaria para el funcionamiento de la economía”. A juicio de los transportistas, el efecto del Mepco no se agota en el precio que pagan los conductores al cargar combustible, sino que también repercute en los costos logísticos, en la cadena de abastecimiento y, finalmente, en los precios que enfrentan los hogares. En ese sentido, advirtieron que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el instrumento ha permitido “suavizar las alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias”. Por eso, insistieron en que políticas de este tipo son válidas a nivel internacional y pidieron no solo preservarlo, sino también fortalecerlo. La señal del gremio aparece en un momento especialmente sensible para Chile, donde cualquier salto en los combustibles puede traducirse en mayores costos de distribución, presión sobre la inflación y un golpe directo a la economía diaria. Por lo mismo, los camioneros cerraron su declaración con una advertencia política y económica: “Preservar y fortalecer el Mepco, aporta a la estabilidad al país”. Fuente: ADN Radio Nacional
