Para contextualizar, durante la madrugada del pasado 5 de junio en medio de un recorrido por el sector de Lo Echevers, personal de seguridad municipal de Lampa, encontró dos cuerpos sin vida que correspondían a jóvenes de nacionalidad venezolana. Asimismo, en el reportaje de Canal 13 se dio a conocer sobre el caso de una mujer que fue asesinada en Ovalle por colaborar con la justicia en una investigación relacionada al Tren de Aragua. Sin embargo, la Fiscalía Nacional durante la mañana de este miércoles ante el impacto de la noticia, descartó que los jóvenes asesinados fueran testigos protegidos del crimen organizado. Dado lo anterior, la entidad señaló queante distintas versiones de prensa que sindican como testigos protegidos a víctimas de asesinatos ocurridos en Lampa y Ovalle, queremos aclarar que dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos. Finalmente, Fiscalía Nacional manifestó quenos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros.
A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra. Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal. El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una retención o detención ilegal y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
El Ministerio Público ha confirmado haber identificado al presunto autor del incendio urbano-forestal que devastó el cerro Cordillera en Valparaíso el pasado mes de marzo. Según la fiscal regional Claudia Perivancich, actualmente se está ejecutando una orden de detención contra esta persona, quien se presume habría originado la emergencia. El incendio, que afectó a aproximadamente 60 personas y 20 viviendas en el cerro Cordillera de la comuna de Valparaíso, ha sido objeto de intensa investigación por parte de la PDI y la Fiscalía. Una de las principales líneas de investigación se centra en el lanzamiento de una bengala segundos antes del inicio del fuego, respaldado por videos de cámaras de seguridad durante la tarde de la emergencia. La fiscal regional, Claudia Perivancich, junto al fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, han destacado las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural de la PDI en el marco de esta investigación. La Municipalidad de Valparaíso también se ha involucrado en el caso presentando una querella contra los responsables del incendio, buscando asegurar que el hecho no quede impune. Es así que, según informó la PDI a través de sus redes sociales, se logró la detención del presunto responsable del siniestro. Detectives de la Bidema #Valparaíso detuvieron al presunto responsable de lanzar una bengala desde su domicilio el pasado 13 de marzo en el Cerro Cordillera, hecho que provocó un incendio que ocasionó la destrucción de 16 viviendas y que afectó a 49 personas. pic.twitter.com/H4mOcUcV2j — PDI_Valparaíso (@PDI_Valparaiso) April 4, 2024
Este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, revelando datos sobre la percepción ciudadana hacia la Policía de Investigaciones (PDI). La aprobación de la institución sufrió una notable disminución del 26%, situándose en un 60%. El informe también señala que el 43% de la población considera que la PDI está afectada por una gran cantidad de corrupción dentro de la institución. Estos resultados emergen en el contexto de la reciente medida de prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en relación con las investigaciones del Caso Luis Hermosilla. Esta acción fue respaldada por el 58% de la ciudadanía, reflejando un fuerte apoyo público a las medidas contra la corrupción. En contraste, otras instituciones como Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, aunque registraron ligeros descensos en su aprobación, aún mantienen cifras relativamente altas, oscilando entre el 72% y el 79%. Por otro lado, Bomberos continúa siendo una de las instituciones mejor evaluadas, con un impresionante 98% de aprobación, seguida por el Registro Civil con un 79%. Sin embargo, la encuesta revela un aumento en la percepción de la corrupción generalizada en el país, alcanzando un 89%, lo que representa un incremento de 19 puntos desde 2015. En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, un 34% aprueba su desempeño, experimentando un aumento de 7 puntos en las últimas dos semanas, aunque el 61% sigue desaprobando su gestión. En relación con el Censo 2024, el 96% de la población está al tanto de su realización, y el 77% asegura que responderá las preguntas cuando su hogar sea censado, mientras que solo el 6% declara que se negará. Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de realizar elecciones municipales en dos días este año, el 64% de la población se muestra en desacuerdo con esta propuesta.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
Para contextualizar, durante la madrugada del pasado 5 de junio en medio de un recorrido por el sector de Lo Echevers, personal de seguridad municipal de Lampa, encontró dos cuerpos sin vida que correspondían a jóvenes de nacionalidad venezolana. Asimismo, en el reportaje de Canal 13 se dio a conocer sobre el caso de una mujer que fue asesinada en Ovalle por colaborar con la justicia en una investigación relacionada al Tren de Aragua. Sin embargo, la Fiscalía Nacional durante la mañana de este miércoles ante el impacto de la noticia, descartó que los jóvenes asesinados fueran testigos protegidos del crimen organizado. Dado lo anterior, la entidad señaló queante distintas versiones de prensa que sindican como testigos protegidos a víctimas de asesinatos ocurridos en Lampa y Ovalle, queremos aclarar que dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos. Finalmente, Fiscalía Nacional manifestó quenos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros.
A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra. Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal. El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una retención o detención ilegal y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
El Ministerio Público ha confirmado haber identificado al presunto autor del incendio urbano-forestal que devastó el cerro Cordillera en Valparaíso el pasado mes de marzo. Según la fiscal regional Claudia Perivancich, actualmente se está ejecutando una orden de detención contra esta persona, quien se presume habría originado la emergencia. El incendio, que afectó a aproximadamente 60 personas y 20 viviendas en el cerro Cordillera de la comuna de Valparaíso, ha sido objeto de intensa investigación por parte de la PDI y la Fiscalía. Una de las principales líneas de investigación se centra en el lanzamiento de una bengala segundos antes del inicio del fuego, respaldado por videos de cámaras de seguridad durante la tarde de la emergencia. La fiscal regional, Claudia Perivancich, junto al fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, han destacado las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural de la PDI en el marco de esta investigación. La Municipalidad de Valparaíso también se ha involucrado en el caso presentando una querella contra los responsables del incendio, buscando asegurar que el hecho no quede impune. Es así que, según informó la PDI a través de sus redes sociales, se logró la detención del presunto responsable del siniestro. Detectives de la Bidema #Valparaíso detuvieron al presunto responsable de lanzar una bengala desde su domicilio el pasado 13 de marzo en el Cerro Cordillera, hecho que provocó un incendio que ocasionó la destrucción de 16 viviendas y que afectó a 49 personas. pic.twitter.com/H4mOcUcV2j — PDI_Valparaíso (@PDI_Valparaiso) April 4, 2024
Este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, revelando datos sobre la percepción ciudadana hacia la Policía de Investigaciones (PDI). La aprobación de la institución sufrió una notable disminución del 26%, situándose en un 60%. El informe también señala que el 43% de la población considera que la PDI está afectada por una gran cantidad de corrupción dentro de la institución. Estos resultados emergen en el contexto de la reciente medida de prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en relación con las investigaciones del Caso Luis Hermosilla. Esta acción fue respaldada por el 58% de la ciudadanía, reflejando un fuerte apoyo público a las medidas contra la corrupción. En contraste, otras instituciones como Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, aunque registraron ligeros descensos en su aprobación, aún mantienen cifras relativamente altas, oscilando entre el 72% y el 79%. Por otro lado, Bomberos continúa siendo una de las instituciones mejor evaluadas, con un impresionante 98% de aprobación, seguida por el Registro Civil con un 79%. Sin embargo, la encuesta revela un aumento en la percepción de la corrupción generalizada en el país, alcanzando un 89%, lo que representa un incremento de 19 puntos desde 2015. En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, un 34% aprueba su desempeño, experimentando un aumento de 7 puntos en las últimas dos semanas, aunque el 61% sigue desaprobando su gestión. En relación con el Censo 2024, el 96% de la población está al tanto de su realización, y el 77% asegura que responderá las preguntas cuando su hogar sea censado, mientras que solo el 6% declara que se negará. Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de realizar elecciones municipales en dos días este año, el 64% de la población se muestra en desacuerdo con esta propuesta.
El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido comocaso audios, derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla. La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer. Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI. La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas. En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario. Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía transparente.
