Las autoridades continúan las indagatorias relacionadas con el reciente secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, destacando la conexión con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. El líder identificado de esta operación es Walter Rodríguez Pérez, ciudadano venezolano, quien ya enfrentaba una orden de detención por secuestro. Según fuentes del Ministerio Público, Walter Rodríguez Pérez es señalado como el principal sospechoso en este caso. Las primeras diligencias sugieren que habría abandonado el país en compañía de otro individuo buscado por la Fiscalía, Maikel Villegas Rodríguez. Se ha georeferenciado la última señal del celular de Rodríguez Pérez en Arica, con la presunta intención de salir del territorio nacional. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó los vínculos de este caso con el Tren de Aragua, aunque no descartó otras posibles hipótesis: De acuerdo a los antecedentes que la persona detenida tiene vínculos con el crimen organizado, no significa que tengamos que concluir que las motivaciones del homicidio son unas y otras. La investigación mantiene abiertas varias líneas, incluyendo la posibilidad de intervención política o un crimen por encargo, según lo planteado por la familia de la víctima, Ronald Ojeda. El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, informó que se han establecido contactos con la policía venezolana e Interpol para coordinar el control de la llegada de los prófugos: Hay coordinación con los 195 países, están las políticas para intercambiar información, uno de ellos es Venezuela.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó hoy avances significativos en la investigación sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En una entrevista con T13, Tohá destacó el esfuerzo investigativo conjunto de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, respaldado por el apoyo de las fuerzas policiales y el resguardo de las fronteras. La ministra enfatizó en la importancia de mantener la confidencialidad de la causa debido a la naturaleza del caso, indicando que revelar detalles podría favorecer a los secuestradores y poner en riesgo a la víctima. Tohá expresó su confianza en la seriedad y el respaldo de la Fiscalía, resaltando que sería gravísimo que se confirmara la hipótesis del secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro. Respecto a las acusaciones de complicidad planteadas por el medio venezolano La Razón, Tohá rechazó categóricamente la idea de que Chile esté involucrado en persecuciones políticas y subrayó que la colaboración con Venezuela se centra en la lucha contra el crimen organizado. La ministra instó a considerar otras posibilidades más plausibles y destacó que todas las hipótesis se están investigando seriamente. Subrayó que, si bien la situación sería sin precedentes si se confirmara la implicación del régimen venezolano, hay diversas líneas de investigación que se están abordando con seriedad. En una declaración posterior, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, resaltó la importancia de mantener en secreto la investigación, enfocándose en la protección de la vida de las personas involucradas y en el objetivo principal de encontrar a la víctima. Confirmó la solicitud de un equipo especial para este caso, con dedicación las 24 horas y todos los recursos necesarios.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
Las autoridades continúan las indagatorias relacionadas con el reciente secuestro y posterior asesinato del ex militar Ronald Ojeda, destacando la conexión con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. El líder identificado de esta operación es Walter Rodríguez Pérez, ciudadano venezolano, quien ya enfrentaba una orden de detención por secuestro. Según fuentes del Ministerio Público, Walter Rodríguez Pérez es señalado como el principal sospechoso en este caso. Las primeras diligencias sugieren que habría abandonado el país en compañía de otro individuo buscado por la Fiscalía, Maikel Villegas Rodríguez. Se ha georeferenciado la última señal del celular de Rodríguez Pérez en Arica, con la presunta intención de salir del territorio nacional. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó los vínculos de este caso con el Tren de Aragua, aunque no descartó otras posibles hipótesis: De acuerdo a los antecedentes que la persona detenida tiene vínculos con el crimen organizado, no significa que tengamos que concluir que las motivaciones del homicidio son unas y otras. La investigación mantiene abiertas varias líneas, incluyendo la posibilidad de intervención política o un crimen por encargo, según lo planteado por la familia de la víctima, Ronald Ojeda. El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, informó que se han establecido contactos con la policía venezolana e Interpol para coordinar el control de la llegada de los prófugos: Hay coordinación con los 195 países, están las políticas para intercambiar información, uno de ellos es Venezuela.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó hoy avances significativos en la investigación sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En una entrevista con T13, Tohá destacó el esfuerzo investigativo conjunto de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, respaldado por el apoyo de las fuerzas policiales y el resguardo de las fronteras. La ministra enfatizó en la importancia de mantener la confidencialidad de la causa debido a la naturaleza del caso, indicando que revelar detalles podría favorecer a los secuestradores y poner en riesgo a la víctima. Tohá expresó su confianza en la seriedad y el respaldo de la Fiscalía, resaltando que sería gravísimo que se confirmara la hipótesis del secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro. Respecto a las acusaciones de complicidad planteadas por el medio venezolano La Razón, Tohá rechazó categóricamente la idea de que Chile esté involucrado en persecuciones políticas y subrayó que la colaboración con Venezuela se centra en la lucha contra el crimen organizado. La ministra instó a considerar otras posibilidades más plausibles y destacó que todas las hipótesis se están investigando seriamente. Subrayó que, si bien la situación sería sin precedentes si se confirmara la implicación del régimen venezolano, hay diversas líneas de investigación que se están abordando con seriedad. En una declaración posterior, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, resaltó la importancia de mantener en secreto la investigación, enfocándose en la protección de la vida de las personas involucradas y en el objetivo principal de encontrar a la víctima. Confirmó la solicitud de un equipo especial para este caso, con dedicación las 24 horas y todos los recursos necesarios.
El Juzgado de Garantía de Rancagua ha decidido dejar en prisión preventiva a Jorkenedy Alberto Torres Marchant, imputado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la ciudad ocurrido en noviembre del año pasado. Torres Marchant enfrenta cargos por secuestro agravado extorsivo, robo con intimidación y asociación criminal, según lo determinado por el Ministerio Público. El empresario, identificado como Rudy Basualdo, fue secuestrado por un grupo armado desde su empresa en el rubro metalúrgico el pasado 8 de noviembre. Tras una persecución, tres de los delincuentes fueron detenidos por Carabineros en la comuna de San Fernando y trasladados a una comisaría en Rengo. Basualdo fue liberado el viernes 10 de noviembre luego de un millonario pago. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Gonzalo Celedón Bulnes ordenó el ingreso de Torres Marchant al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad de Santiago, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad y la víctima. Se mantuvo el plazo de investigación de 180 días establecido anteriormente para los primeros imputados detenidos en la causa. El juez Celedón Bulnes fundamentó su decisión en la presunta participación de Torres Marchant en una asociación criminal internacional que planificó y organizó el secuestro del empresario en Rancagua. Se destacó la gravedad de los delitos imputados, la presencia de armas de fuego, las amenazas de muerte y la multiplicidad de ilícitos como elementos que justifican la prisión preventiva del imputado.
