Parlamentario DC ingresó la iniciativa el 15 de julio de 2010.

Un llamado a reactivar la tramitación del proyecto de ley que busca “degradar a los uniformados” que cometieron crímenes de lesa humanidad formuló el diputado Gabriel Ascencio, asegurando que “este es un paso indispensable y necesario que nos permitirá avanzar, de algún modo, en la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

En esa línea, Ascencio explicó que “hemos solicitado formalmente hoy a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Carmen Hertz, que reactive la tramitación de nuestro proyecto, porque no es posible que uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, todavía gocen de los beneficios de ser parte de las Fuerzas Armadas”.

Agregó que, «lo que buscamos, es cambiar esta realidad a través de esta ley, porque estos hombres que violaron los derechos humanos no deberían recibir ningún beneficio y menos tener los honores de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, el diputado Ascencio detalló que “la pena de degradación que planteamos permitirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares”.

La moción, además, contempla el retiro absoluto de la institución, incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida de perpetuidad de los derechos políticos activos y pasivos y la incapacidad de desempeñar cargos, empleos y oficios públicos.

El proyecto que ingresó el diputado Ascencio fue respaldado con las firmas de la ex diputada Ximena Vidal, los ex diputados Sergio Aguiló, Osvaldo Andrade, Sergio Ojeda, y los diputados Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez y Tucapel Jiménez.

Finalmente, Ascencio, en el oficio entregado a la Comisión de Derechos Humanos, señala que “hoy en día, en época en que las ideologías totalitarias amenazan a nuestro continente y en el cual vemos el renacimiento de una corriente negacionista y de justificación de crímenes tan atroces como los cometidos en la dictadura cívico militar que nuestro país sufrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo del año 1990, considero de total necesidad el que este proyecto de ley pueda ser tramitado por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, como muestra patente que los uniformados que son condenados por realizar tan deplorables actos, sean separados de la rama de las Fuerzas Armadas a las cual pertenecían cuando perpetraron los hechos por los cuales fueron encontrados culpables por la justicia, siendo por lo tanto tratados como reos comunes y perdiendo sus derechos como militares en retiro.”