La Comisión de Medio Ambiente despachó el proyecto de ley que busca sancionar penalmente las conductas que atentan gravemente contra el medio ambiente.

Un importante paso dio la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los parlamentarios Ximena Órdenes, Isabel Allende, Rafael Prohens y David Sandoval, tras despachar el proyecto (Boletín 12.398-12) que busca sancionar penalmente las conductas que atentan gravemente contra el medio ambiente.

El Mensaje  refunde también varias otras iniciativas presentadas con anterioridad y que tenían el mismo objetivo: proteger con el máximo rigor el medio ambiente y por lo mismo la salud de las personas.

La normativa ahora debe pasar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por ser una ley orgánica constitucional y se transformaría en la primera ley penal que “regularía un sistema de denuncias de eventuales delitos efectivo, que favorezca el control preventivo”.

La instancia incorporó dos importantes medidas que tienen por objetivo proteger al trabajador que denuncia a una empresa contaminante, así como un sistema de delación compensada para el auto denunciante. 

El senador Guido Girardi señaló que “después de un largo trámite y con la participación de todos los senadores y senadoras de la Comisión hemos despachado una legislación que establece sanciona penalmente, así como lo hacen todas las sociedades modernas, a quienes dañan gravemente el medio ambiente y la salud de las personas”.

Agradeció el rol del abogado y experto en derecho penal ambiental,  Jean Pierre Matus, cuya participación calificó de “clave” en la elaboración de una “una legislación que es moderna y que genera incentivos para que se autodenuncie para generar una delación compensada en que tendrá que sanear la contaminación o daños ambientales, para evitar la pena de cárcel”.

Según el parlamentario cuando la iniciativa este aprobada “no se repetirán situaciones como la de Essal en Osorno, de Isla Guarello en Magallanes o  las zonas de sacrificio como Quintero – Puchuncaví porque quienes toman las decisiones tendrán una responsabilidad penal y velarán por las medidas preventivas necesarias para que no ocurran”.

Aseveró que “nos parece que este es un avance muy importante que va a favorecer a las comunidades y también a las propias empresas porque tomarán decisiones de manera mucho más rigurosas. Creo que eso va a ayudar mucho a que este país tome la senda de un desarrollo efectivamente compatible con el medio ambiente. Ahora pasa a la comisión de Constitución y vamos a pedir que se acelere su trámite”.