El gobierno de Chile y la oposición llegaron a un histórico acuerdo que marca la hoja de ruta para cambiar la Constitución del país, una de las principales demandas de los manifestantes que llevan semanas protestando en las calles del país.

El acuerdo establece la realización de un referendo el próximo año, en el que los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva carta magna.

La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y resolverá dos preguntas.

En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.

En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debería redactarla: una «convención mixta constitucional», compuesta en un 50% por parlamentarios y otro 50% por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serán electos para este efecto

Una noche histórica 

«Es una noche histórica para Chile y para la democracia», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo.

Quintana señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre «una serie de injusticias e inequidades» que los chilenos han señalado en sus manifestaciones.

La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.

Aunque lo que disparó las manifestaciones fue el anuncio de un incremento en la tarifa del metro de Santiago, las demandas se fueron extendiendo en los siguientes días hacia otras causas.

Desde el 18 de octubre, las principales avenidas de diversas ciudades del país sudamericano han sido protagonistas de intensas protestas, rayados y, en muchos casos, destrucción.

La crisis es la más grande de Chile desde su regreso a la democracia en 1990, y ya ha dejado al menos 20 muertos y más de 1.000 heridos.

Una constitución polémica

La actual Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005, pero sigue siendo considerada una herencia del régimen de Pinochet.

En 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.

Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.

«La Constitución de la dictadura ha muerto», dijo el senador progresista y excanciller Heraldo Muñoz después de la votación del viernes.

Pero más allá de su origen, también hay un cuestionamiento sobre el contenido de la propia Carta Magna.

El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.

La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.

Ahora, la demanda de los manifestantes chilenos es que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.