El ahora exjefe de gabinete, que enfrentó hoy una acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados, había llegado al cargo el 28 de julio pasado y como parte de una apuesta del Presidente Piñera por un «tercer tiempo». Durante los 98 días que estuvo en la cartera, asumió hechos como el paro de camioneros y la violencia en La Araucanía. De cara a la votación del libelo en la Cámara Alta, Pérez aseguró: «voy a ir al Senado como ciudadano, sin que el Presidente tenga obstáculos». También dijo que no está «dispuesto a que, a través de mi persona, se dañe al gobierno”.

Llegó al ministerio de Interior el 28 de julio de este año, tras la salida de Gonzalo Blumel -uno de los más cercanos al Presidente Sebastián Piñera en Palacio- y en el marco de un profundo cambio de gabinete con el que el Mandatario apostaba por iniciar un “tercer tiempo”, privilegiando a figuras de los partido políticos.

La relación con el oficialismo, de hecho, había sido uno de los temas que habían pesado sobre la gestión de Blumel, y el Mandatario optó por instalar como jefe de gabinete a Pérez, con quien no tenía una relación estrecha ni personal -más bien su nombre fue una apuesta de la cúpula UDI-, pero con una larga trayectoria política: fue diputado y senador gremialista durante 30 años (desde 1990) y alcalde designado por la dictadura en Los Ángeles (1981-1987).

En su larga estadía en el Congreso forjó fama de duro opositor a la Concertación y, por su perfil de derecha, a penas llegó al cargo, la oposición salió a instalar que se asentaba en La Moneda un “gabinete del Rechazo” a una nueva Constitución.

El arribo no fue fácil: Paro de camioneros, divisiones de su sector por el Plebiscito, la situación de violencia en La Araucanía, la caída de un joven -impulsado por un carabinero- al lecho del río Mapocho e incluso tensiones que generaron en el gobierno su propia defensa sobre la acusación constitucional, marcaron los tres meses -98 días en total- que estuvo como segundo hombre de La Moneda y que concluyeron hoy, luego de que decidiera renunciar al cargo una vez que la Cámara de Diputados aprobara esta tarde el libelo en su contra por 80 votos contra 74. Con lo anterior, Pérez había quedado suspendido de su cargo, transformándose en el primer jefe de gabinete en atravesar por esa situación desde el retorno a la democracia.

No era el único escollo. En caso de pasar la valla de la Cámara Baja, (como ocurrió) el libelo -en el que se lo acusa de no haber aplicado la ley en el marco del paro de camioneros; vulnerar el derecho de la igualdad ante la ley; y no ejercer el control jerárquico sobre Carabineros- sería luego visto por el Senado quien -actuando como jurado- revisaría su procedencia. Aunque el escenario en la Cámara Alta sí era incierto, de prosperar, Pérez sería destituido del puesto de ministro y quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Con su dimisión ya concretada, aunque Pérez no puede ahora ser destituido, sí arriesga la segunda sanción, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La renuncia de Pérez se definió previo al punto de prensa que realizó desde el Congreso luego de que se aprobara la acusación, y a través de un diálogo con el Presidente Piñera. Ahí el ahora exministro le comunicó su decisión personal, lo que habría aceptado el Mandatario, no sin antes intentar convencerlo de lo contrario. En esa llamada telefónica, le dijo a Piñera que no quería ser un obstáculo, algo que comentó luego públicamente.

“Yo acabo de hablar con el Presidente Sebastián Piñera y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que, a través de mi persona, se dañe al gobierno. Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y, por lo tanto, no quiero que mi persona sea obstáculo. Y le planteé a él la voluntad de renunciar, a pesar de que intentó persuadirme, aceptó mis argumentos, porque claramente todos comprendemos a cabalidad de que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino que el gobierno del Presidente Piñera».

Pérez agregó que “yo voy a ir al Senado como ciudadano sin que el Presidente tenga obstáculos en todo lo que es esa concurrencia. Para mí es imposible aceptar que el Presidente esté seis, siete u ocho días sin ministro del Interior. Un gobierno no puede estar sin ministro del Interior. Por tanto he tomado la decisión de renunciar, de dar un paso al costado, para que el gobierno pueda seguir gobernando y trabajando en favor de los chilenos”.

Mediante un comunicado que enviaría Presidencia poco después, se informó que el Mandatario designó al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, como ministro interino.

Por la misma vía, se expresó que “el Presidente Piñera reafirma su convicción de que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes, ha respetado la Constitución y las leyes, y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional, y confía que los honorables senadores rechacen la acusación”.

Esto, en una línea similar a las palabras que le dedicó en la víspera de la acusación.

La certeza de que en la Cámara de Diputados estarían los 78 votos que se requerían para aprobar la acusación -y dejar así suspendido a Pérez- fue generando en las últimas horas una serie de análisis al interior de La Moneda y el oficialismo.

Así, si hace 48 horas la renuncia de Pérez era un escenario impensado para el jefe de gabinete y para el entorno del Presidente, ayer en la tarde la dimisión se fue instalando como una posible opción, con la idea de amortiguar los costos para el Ejecutivo de cara al escenario que se viene en el Senado.

En la oposición, de hecho, reconocen que ayer personeros del gobierno tomaron contacto con parlamentarios del sector para sondear los ánimos frente a una eventual dimisión.

En la configuración de ese escenario pesaban, entre otros motivos, la inviabilidad de mantener un ministro subrogante por mucho tiempo en el cargo más relevante del gabinete.