Familiares de presos que fueron detenidos durante la grave ola de protestas que estalló en Chile a finales de 2019 pidieron este lunes al presidente Sebastián Piñera que no vete un polémico proyecto de ley que el Congreso podría aprobar esta misma jornada y que indultaría a los arrestados.

En una carta con más de 5.000 firmas, los familiares denunciaron «la urgencia de promover una solución política que permita lograr la libertad de quienes impulsaron los procesos de cambio que se viven hoy en nuestro país».

«Los presos y presas políticos en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el poder ejecutivo a través de las querellas que mantiene artificialmente el Gobierno», dijeron en la misiva.

Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público.

Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía formalizó hasta el pasado octubre a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas, de los cuales 2.180 pasaron a prisión preventiva. La Corte Suprema de Justicia informó a principios de enero que solo 26 manifestantes siguen en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis y que el tiempo promedio de esta medida cautelar fue de 318 días.

«Están sacando a los chiquillos de la cárcel para tenerlos todo el rato encerrados sus domicilios, eso tampoco es justo. Nuestros chicos no son delincuentes, son adolescentes que estudiaban, que salieron a luchar por un poco de dignidad», aseguró María José Marchant, de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de la Comuna de La Granja.

Un proyecto de indultos: desde diciembre hay conversaciones

Un grupo de parlamentarios opositores de izquierda y centro-izquierda presentaron en diciembre un proyecto de ley de amnistía para los detenidos durante las protestas, que se discute este lunes en el Congreso y al que se opone frontalmente el Gobierno, además de organizaciones como Human Right Watch (HRW) y el Consejo de Fiscales de Chile. Los parlamentarios reconocen en el proyecto que los actos por los que se detuvo a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, pero aseguran que los delitos se cometieron en el marco de «una respuesta estatal desproporcionada». 

«Mientras no haya justicia en este país, no habrá paz y eso lo tiene que entender el Gobierno», aseguró la diputada opositora Claudia Mix.

Sobre el proyecto, Piñera, aseguró hace unas semanas que en Chile «no hay presos políticos» y que liberarlos sería «pasar por encima de los tribunales» y poner en entredicho la independencia del Poder Judicial. No es el primer proyecto de este tipo presentado por la oposición. El pasado octubre, durante el primer aniversario del denominado estallido social, otro grupo de parlamentarios presentó una iniciativa similar, que también fue rechazada por el Gobierno.