Nicaragua: Expulsan a periodista chilena por documentar crisis por DD.HH

La periodista Francisca Stuardo fue expulsada por autoridades migratorias, de manera arbitraria, al intentar ingresar para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Stuardo, de 31 años, se desempeña como parte del equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica. La organización no gubernamental se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, a través del uso de herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este marco, y pese a contar con una invitación expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de migración cuestionaron que no solicitaron autorización con suficiente anticipación para ingresar al país. Esto, pese a que en el reglamento figura que dicha solicitud es voluntaria y no se establecen plazos claros de presentación del formulario.

“Estábamos haciendo el proceso de migración cuando nos llevaron a una sala aparte y nos señalaron que no podíamos entrar. Estábamos rodeadas de unas 8 personas, para asegurar que no nos moviéramos a ninguna parte”, explicó la comunicadora, que además ha participado en otros proyectos de desarrollo en Haití y a través de la organización TECHO.

Stuardo agregó: “No nos dieron tiempo a reaccionar, y en menos de una hora ya nos habían puesto en un vuelo de vuelta a San José, donde se encuentran las oficinas de CEJIL. Éste es un gesto político grave, que da cuenta de un país en el que siquiera actuar como observadora está absolutamente prohibido”.

La crisis de derechos humanos se desató en Nicaragua el 18 de abril de este año, a raíz de las reformas al sistema de pensiones. Tras 6 meses, la situación ha escalado, generando más de 400 personas asesinadas, un número similar de personas privadas de libertad de manera arbitraria; desplazamiento forzado de miles de personas, entre otras situaciones de extrema gravedad.

Al respecto, los órganos internacionales se han pronunciado, sin que el gobierno actual, dirigido por Daniel Ortega, haya asumido la responsabilidad frente a las vulneraciones cometidas.