El quellonino

Autoridades de Gobierno dan a conocer en Los Lagos los alcances del proyecto de ley sobre delitos ambientales

Esta iniciativa, que tiene gran relevancia en nuestra región debido a una serie de episodios de contaminación ambiental que se han desarrollado en nuestra zona, fue anunciada recientemente por el Presidente Sebastián Piñera y busca fortalecer el rol fiscalizador del Estado ante situaciones que atenten al medio ambiente.

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DIFUSIÓN LEY DELITOS AMBIENTALES 7

Esta iniciativa, que tiene gran relevancia en nuestra región debido a una serie de episodios de contaminación ambiental que se han desarrollado en nuestra zona, fue anunciada recientemente por el Presidente Sebastián Piñera y busca fortalecer el rol fiscalizador del Estado ante situaciones que atenten al medio ambiente.

Los Secretarios Regionales Ministeriales de Gobierno y Medio Ambiente dieron a conocer en la región los alcances que tiene la iniciativa legal propuesta por el ejecutivo denominado Ley de Delitos Ambientales y que busca sancionar las principales hipótesis de grave daño ambiental.

Al respecto la Seremi de Gobierno, Ingrid Schettino explicó que “con esa legislación que fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera y la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, esperamos poder contar con mayores instrumentos en el tema de la prevención de los delitos ambientales, que tiene que ver con un mayor fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y entregar más instrumentos en el tema de la prevención y lo que tiene relación con el delito, propiamente tal. Se va establecer el sanciones claras a aquellos que obstruyen las investigaciones y se va a sancionar aquellos que entregan información falsa”.

En tanto el Seremi de Medio Ambiente, Klaus Kosiel enfatizó que “El Presidente Sebastián Piñera nos indica que no puede haber crecimiento sin el tema sustentable y lo que busca este nuevo proyecto de ley, es generar una responsabilidad penal, respecto de las situaciones de daño ambiental. El gran avance que tiene esta iniciativa es incorporar la ley 20.393 que define la figura legal de las personas jurídicas, o sea, esta norma genera un efecto de prevención. Queremos que las empresas en sus procesos de análisis y diagnóstico en prevención de delitos, asuman la prevención de delitos ambientales y sus preparen protocolos específicos para evitar cualquier tipo de daño a nuestro Medio Ambiente”.

En tanto La Universidad San Sebastián, institución académica que ha tenido un compromiso con el cuidado del medio ambiente, especialmente en identificar de manera científica los focos de contaminación que actualmente presenta en algunos puntos el Lago Llanquihue, destacó a través de Rudy Suárez, docente e investigador de esta casa de estudios que “desde el punto de vista del rol científico y docente estamos desarrollando dos investigaciones que tienen relación con determinar la salud y la condición del agua en el Lago Llanquihue. Nosotros queremos entregar investigación científica de calidad que pueda aportar a las instituciones a tomar decisiones en términos de información fehaciente y veraz investigaciones que están enfocadas y realizadas con métodos científicos”.

Sanciones

El proyecto indica que quien dolosamente genere grave daño al medio ambiente será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio 61 días a 3 años y multa de 501 a 700 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre $24,2 millones y $33,8 millones.

Si se acredita el daño en áreas alto valor ecológico (como reserva nacional, parque nacional o parque marino, entre otras), será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo 541 días a 5 años y multa de 801 a 1.000 UTM, equivalente a $38,7 millones y $48,3 millones, respectivamente.

En la iniciativa legal incorpora la sanción con presidio menor en su grado mínimo 61 a 540 días y multa de 100 a 500 UTM ($4,8 millones a $24,1 millones) el que, a sabiendas, presente información falsa a la SMA para acreditar el cumplimiento de obligaciones establecidas en normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación.

Finalmente incluye el proyecto de ley que será castigado con multa de 100 a 500 UTM ($4,8 millones a $24,1 millones) quien impida, sin motivo justificado, la fiscalización del personal de la Superintendencia de Medio Ambiente.

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