La idea es terminar con la impunidad de este tipo de conductas que en lo concreto, afectan la frecuencia de los recorridos públicos, y en consecuencia, la calidad de vida de los pasajeros.
Esto luego que la norma iniciada en moción de los legisladores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, fuera aprobada en particular (artículo por artículo) al interior de la Comisión de transportes y Telecomunicaciones en su última sesión.
Tras la votación, el presidente de la instancia, el senador Chahuán explicó que “despachamos el proyecto que busca frenar el vandalismo en los medios de transporte público, incorporando algunos tipos penales. Hoy es una conducta impune a partir de la cual se ven perjudicados buses, trenes y vagones de metro”.
“Hemos establecido sanciones que se agravan cuando incurren otras circunstancias como lesiones o la muerte de pasajeros. Es importante hacer notar que en la Región Metropolitana el 60% de los buses públicos ha sido afectado por este tipo de vandalismo. Esto influye en el retraso de la frecuencia del servicio”, describió.
PROYECTO
En específico, la norma establece que “si el daño o el atentado, cualquiera fuera su forma y cuantía, se produjere contra un bus o tren prestador de servicio de transporte público remunerado de pasajeros en circulación o no, o contra la infraestructura asociada al transporte, tales como, refugios, paraderos, cámaras u otros elementos fijos o móviles, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años y un día de presión) y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (980 mil 660 pesos).
Quienes sin la correspondiente autorización por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica o similar de cualquier tipo, procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses, serán castigados con pena de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 a 301 días de prisión) y multa diez Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (490 mil 330 pesos)”.
La idea de la propuesta es sancionar -con mayor gravedad- los atentados a los medios de transporte público de pasajeros, particularmente los buses, sus elementos auxiliares o accesorios y los daños a la infraestructura asociada, tales como paraderos, terminales, luminaria, elementos de las vías, cámaras u otras tecnologías, cuya destrucción perjudica la movilidad de las personas.
Esto se justifica en el hecho de que en las ciudades, el acceso a las oportunidades laborales, a los lugares de residencia y a los espacios donde se ofrecen muchos de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana, dependen de las condiciones de transporte. Por eso cualquier problema que afecte su acceso y funcionamiento, impacta negativamente en la población. En efecto, los medios de transporte cumplen un «rol social» pues permiten a las personas la realización de los desplazamientos cotidianos para desarrollar sus actividades diarias laborales, escolares, estudiantiles y sociales.
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