La sanitaria –controlada por Aguas Andina– sostuvo que la interrupción del suministro de agua potable se debió a “una situación excepcional y de emergencia”, destacando que “era la medida más responsable y respetuosa de las garantías fundamentales de sus usuarios”.

Los coletazos del corte de agua potable provocado por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) en la ciudad de Osorno que afectó a 200.000 personas y se extendió el 11 y 21 de julio no paran.

Luego de que el pasado viernes la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) anunciara la apertura del expediente de caducidad a la concesión y le formulara cargos que podrían derivar en multas de hasta $2.500 millones, la compañía agendó para este viernes una reunión clave en momentos en que prepara sus descargos.

Ese día, el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, recibirá en su despacho a los gerentes generales de Aguas Andinas y Essal, Marta Colet y José Saéz, respectivamente. Ambos solicitaron ser recibidos en una audiencia a través de la plataforma de Ley de Lobby.

Essal se encuentra hoy en la cuenta regresiva para contestar a los dos procesos abiertos por la SISS. El próximo 27 de agosto expira el lapso para que presente sus descargos sobre las sanciones, mientras que el día 10 de septiembre culmina el periodo para que la sanitaria haga lo propio por el proceso de caducidad. En ambos casos las resoluciones que se tomen son apelables ante la justicia y la última palabra respecto de una eventual caducación de la concesión la tiene el Presidente de la República.

Desde el arribo de José Sáez a la gerencia general de Essal el 31 de julio, a raíz de la emergencia, el directorio de la compañía -liderado por Guillermo Pickering, quien también preside Aguas Andinas- no ha efectuado nuevos cambios internos. Si bien cuenta con la asesoría legal de los penalistas Juan Ignacio Piña y Exer Quilodrán ante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, la compañía evalúa fichar un estudio de abogados para el flanco civil y administrativo por las futuras demandas de indemnización de perjuicios.

“MEDIDA RESPONSABLE”

Por otra parte, la compañía controlada por Aguas Andinas –la mayor sanitaria del país por número de clientes– respondió a nueve de los 10 recursos de protección que presentaron afectados por la interrupción del suministro ante los tribunales de Valdivia.

Ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, Essal sostuvo que el corte del servicio de agua potable “era lo único que correspondía hacer para evitar riesgos a la salud de la población o al medio ambiente”. Ello luego que, por circunstancias que siguen siendo investigadas por el Ministerio Público, en la planta Caipulli de Osorno el agua se contaminara con hidrocarburos. El combustible era utilizado para alimentar un generador de energía eléctrica del recinto.

En su presentación, el gerente de Asuntos Jurídicos de Essal, Boris Navarro, sostuvo que la sanitaria “no cometió voluntariamente un acto arbitrario o ilegal, sino que, frente a una situación excepcional y de emergencia, se vio obligada a adoptar la difícil decisión de ejecutar un corte de suministro, que era la medida más responsable y respetuosa de las garantías fundamentales de sus usuarios”.

“Essal se vio obligada a suspender el suministro de agua potable en la ciudad de Osorno, atendida una contingencia ocurrida en los sistemas de agua potable de su planta “Caipulli”, que sirve a la ciudad de Osorno, hecho lamentable y cuya ocurrencia mi parte de modo alguno ha querido”, aseguró la empresa.

A raíz de la emergencia, Essal sostuvo que ejecutó una serie de trabajos de limpieza, cambio de filtros, mantención y suministro de agua potable mediante camiones cisternas, entre otras, suspendiendo el suministro del agua potable que eventualmente pudiera encontrarse con algún nivel de impureza o contaminación.

“A la luz de los fundamentos y peticiones de estos recursos, queda en claro que la acción pretende internarse en aspectos técnicos, operativos y de calidad del servicio público sanitario de distribución de agua potable que ha realizado esta empresa concesionaria, al interior de su territorio operacional”, sostuvo la compañía, afirmando que tales aspectos corresponden al ámbito de la investigación que lleva adelante la SISS.

“NO CONTROLÓ EL PROCESO Y NO CERRÓ LA VÁLVULA”

Por su parte, la SISS también respondió al requerimiento del tribunal de alzada. El regulador en su informe adjuntó una serie de actas redactadas por sus fiscalizadores que concurrieron a la planta Caipulli, en las que detallaron paso a paso los trabajos realizados por la compañía para reestablecer el agua potable en la zona.

El primero de los reportes redactado por la fiscalizadora de la SISS Carola Soto sostuvo que “la contingencia ocurre en la zona del grupo de electrógenos de respaldo y cuando se realiza el proceso de llenado de combustible desde un estanque de reserva a otro de electro generador. El estanque de reserva cuenta con 2.000 litros”.

“Básicamente, el operador abrió la válvula de salida del estanque de reserva y comenzó a llenar un estanque de combustible del grupo electrógeno, proceso que se realizó en el término del horario punta. El operador no controló el proceso y no cerró la válvula cuando estaba lleno. Dicha acción ocasionó el derrame de combustible desde el estanque hacia el terreno y río Rahue, donde se ubica la captación de agua de Essal”, consignó el acta.

“Aproximadamente, son 1.000 litros de combustible derramados, según cálculo inicial. Desde las 23:30 horas aproximadamente hasta las 08:00 horas de los días 10 y 11 de julio”, acotó el acta.