El objetivo de esta gestión es velar que la empresa tome todas las medidas de información y de mitigación para no afectar a los usuarios tras la suspensión del servicio.

Lo que busca el SERNAC es verificar que la empresa no venda pasajes desde este lunes, y devuelva el dinero a quienes habían comprado con anterioridad o gestione los viajes con otras compañías.

Tras la suspensión de los servicios de la empresa de buses Línea Azul, medida decretada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que comienza a regir a partir de este lunes 12 de agosto, el SERNAC se encuentra fiscalizando a la compañía para verificar que los derechos de los consumidores sean estrictamente respetados.

El SERNAC ya ofició a la compañía para conocer en detalle el plan de contingencia que implementará para mitigar los efectos de la medida entre los consumidores afectados.

Asimismo, el Servicio se encuentra fiscalizando los mecanismos de información dispuestos por la compañía, tanto en su sitio web como en sus oficinas presenciales para informar a los consumidores.

El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que la Ley del Consumidor resguarda a los pasajeros y el SERNAC fiscalizará esta situación. “Lo básico es que la empresa entregue información oportuna y veraz a quienes ya hayan comprado pasajes y, al mismo tiempo, disponga de las medidas de mitigación, como la devolución del dinero, entre otras”, indicó.

Agregó además que el organismo se encuentra en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para tomar las medidas adecuadas y oportunas.

Asimismo, el SERNAC está llevando a cabo labores de fiscalización en todas las regiones donde la empresa Línea Azul tiene oficinas, entre ellas, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Valdivia.

En caso de detectar, por ejemplo, que la empresa siga vendiendo pasajes para fechas posteriores a la suspensión de los servicios o no está devolviendo el dinero completo, a quienes ya habían comprado tickets, tomará las medidas que le entrega la Ley del Consumidor.

Hay que recordar que a partir de marzo la Ley del Consumidor permite interponer demandas colectivas que incluyen el daño directo y también moral de los afectados, además de incrementar las multas, las que pueden llegar hasta 38 millones de dólares.