Justo cuando se cumple un año de uno de los episodios más virulentos de contaminación en Quinteros y, en el mismo día, en que 42 personas entre niños y funcionarios fueron atendidos en el Cesfam de Ventanas con síntomas de mareos y nauseas, la Comisión de Medio Ambiente, analizó la situación ambiental de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Para tal objetivo recibió al Superintendente del Medio Ambiente (S), Rubén Verdugo quien se refirió al avance de las acciones contempladas en el PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví, a los episodios críticos debido a la superación de la norma horaria de SO2 y a las facultades de la SMA para fiscalizar empresas que operan sin Resolución de Calificación Ambiental.

Adicionalmente, recibió en audiencia a la Directora Ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental y escuchó de parte de la Ingeniera en Prevención de Riesgos, Karina Espinoza, una denuncia en contra de la División Ventanas de Codelco.

Al término de la sesión el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y los integrantes de dicha instancia senadores: Isabel Allende, Ximena Órdenes, David Sandoval y Rafael Prohens; junto a los parlamentarios de la región Francisco Chahuán y Ricardo Lagos y representantes de la comunidad Quintero-Puchuncaví exigieron a Codelco División Ventanas someterse voluntariamente a un Estudio de Impacto Ambiental.

Explicaron que Codelco, “pese a ser una de las empresas más contaminantes del sector, no cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ya que se instaló en el sector antes que se creara la Ley de Bases del Medio Ambiente que obliga a las empresas a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Asimismo denunciaron el amedrentamiento sufrido por trabajadores de la cuprífera que informaron la fuga de contaminantes a través de las grietas de la tubería, hecho ocurrido el 26 de julio pasado. 

Al respecto, el senador Girardi dijo que “se tiene que terminar con la impunidad que algunas empresas tienen en este país para no cumplir con las leyes y contaminar, enfermar y matar personas o condenar a familias completas a situaciones inaceptables”.

Agregó que “el sólo hecho que se hable de zona de sacrificio viola todos los estándares de derechos humanos. Por eso, de manera transversal, le exigimos a Codelco, Gener y Enap -empresas responsables de más de 80% de contaminación de la zona- que se sometan voluntariamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  porque se han escudado en el ser más antiguas (que la Ley de Bases) para no cumplir con las leyes que se le pide a cualquier actividad económica”.

Añadió que “es impresentable que empresas del Estado, como Codelco y Enap, se refugien en una triquiñuela para no someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estamos dispuestos a presionar a través de la Ley del Presupuesto para forzarlos a cumplir con la ley, a respetar los derechos ambientales y derechos humanos de las personas”.

Aseveró que “esta exigencia es intransable porque no estamos dispuestos a tolerar más la desidia y falta de voluntad de estas empresas” y agregó que “al mismo tiempo le pedimos a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que realice una fiscalización mucho más rigurosa que la actual pues hay situaciones absolutamente anómalas como emisiones irregulares de Óxido de Azufre (SO2 ) o Trióxido de Azufre  (TO3) que son denunciadas por reportajes de televisión y no descubiertas por las instituciones a cargo de fiscalizar”.

Añadió que “pedimos que se investiguen los varamientos de carbón en las playas de Ventanas y acusamos que Codelco está amedrentando a la prevencionista de riesgo por denunciar que había emisiones de gases (el pasado 26 de julio) y que la empresa a sabiendas no dio la alerta correspondiente e impidió que la SMA tomará conocimiento de la situación lo que nos parece de la más absoluta gravedad”.

Por eso dijo que para la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente invitarán al ministro de Minería, Baldo Prokurica; al actual y presidente de Codelco, Nelson Pizarro y al anterior, Óscar Landerretche, “en cuya gestión se hicieron los mayores lobbys para que en Chile no hubiera normas de emisión de azufre y planes de descontaminación”.

Por su parte, Kata Alonso, dirigente de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia dijo “lo más que necesitamos es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y saber qué emite cada empresa para ver cuál se tiene que ir y cuál se puede quedar pero con tecnología de punta, para no seguir padeciendo esta angustia que cualquier día nos puede pasar algo”.