Una querella criminal por la figura legal de apremios ilegítimos se hizo efectiva la jornada de este lunes tras el desalojo por parte de la fuerza pública en el fundo Los Millanes en el sector San Antonio de Huelden al norte de Ancud y que terminó con cuatro mujeres detenidas.

El recurso legal fue ingresado al Juzgado de Garantía con el patrocinio de la abogada de las comunidades huilliches, Orieta Llauca, a partir de los acontecimientos gatillados por la ocupación del predio la tarde del sábado último basado en el rechazo a la posibilidad de la instalación de un relleno sanitario.

Llauca explicó que la acción de carácter legal va dirigida hacia los representantes de las instituciones estales en la persona del gobernador provincial, Fernando Bórquez, el jefe de la Prefectura de Carabineros de Chiloé y Palena, coronel, Antonio Alonso y el seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno.

“Van a calidad de autor del delito de apremios ilegítimos, ¿por qué?, ya que consta en un audio de prensa que el seremi de Bienes Nacionales fue el que llamó al gobernador y le pidió que emita la orden de lanzamiento, el gobernador procedió a dictar la orden y el coronel a ejecutarla”, resumió la abogada.

Frente a esta acción legal respondió el coronel, Antonio Alonso, quien defendió el proceder de carabineros. “No podemos interpretar la norma y tampoco podemos entrar a negociar porque no es el trabajo nuestro, si se produce un delito flagrante por ley estamos obligados a reestablecer el imperio del derecho”, expuso.

A su vez el gobernador Fernando Bórquez explicó que “hay una ley que tengo que resguardar como gobernador de la provincia”. El otro personero querellado, el seremi Jorge Moreno, mencionó que solo se informó de la acción a través de la abogada demandante y que esperará la notificación respectiva.

Info: Soy Chiloé