Cómo “injusto, abusivo y que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores” calificó el alcalde Cristian Ojeda, los despidos de que fueron objeto 8 trabajadores de la industria del salmón de Quellón.

Éstos, fueron despedidos por dos empresas salmoneras en las últimas horas, aduciendo el concepto de “necesidades de la empresa”. A juicio de los involucrados, ello no corresponde a la realidad de los hechos, y fueron desvinculados “por querer defender su salud y la de sus familias a causa de los altos casos de COVID-19”, denuncian.

El jefe comunal junto con rechazar esta decisión indicó que es injusto que trabajadores, por “levantar la voz y expresar su preocupación por los altos índice de contagios al interior de las plantas de proceso”, se les decida cancelar sus contratos laborales. A la vez, hizo un llamado a la industria del salmón a que tome conciencia y no “corten el hilo por lo más delgado”. Además, fue enfático en señalar que la empresa aún tiene deudas pendientes con los trabajadores.

La primera autoridad manifestó su preocupación por la continuidad de las faenas al interior de las fábricas, puntualizando que el 80 % de los trabajadores de la Industria del Salmón estarían contagiados, de los cuales un gran porcentaje serían asintomáticos. Por este motivo, se les exigió la realización de PCR a todos los colaboradores, lamentando que mientras se esperaban los resultados no hayan permanecidos en sus hogares sino que debieron realizar sus labores habituales, con el consiguiente peligro de contagio.

La autoridad criticó que el gobierno no haya decidido adoptar medidas sanitarias oportunas para controlar la pandemia, señalando que los aumentos de casos por coronavirus han dejado de manifiesto la precariedad del sistema hospitalario en la provincia de Chiloé, exigiendo a los Ministerios de salud y trabajo realizar fiscalizaciones más estrictas.

Finalmente, la autoridad comunal reiteró sus dichos contra la industria del salmón que no tomando conciencia de la situación sanitaria actual, decidió desvincular a sus trabajadores por levantar la voz y defender su salud y la de sus familias, vulnerando a juicio del alcalde “derechos fundamentales de los trabajadores”.