A raíz del escándalo que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos a nivel nacional, quienes habrían viajado al extranjero o incumplido el reposo indicado mientras estaban con licencia médica, diversas municipalidades de la Provincia de Chiloé han emitido declaraciones oficiales sobre las acciones que están adoptando.
Según el informe entregado por la Contraloría General de la República, al menos 448 casos se detectaron en Chiloé. La comuna de Castro lidera en número con 139 funcionarios involucrados en total, seguida por Quellón (81), Chonchi (53), Dalcahue (50), Ancud (39), Curaco de Vélez (19), Puqueldón (17), Quinchao y Quemchi (14), y Queilen (4).
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta (PS), confirmó que el ente contralor notificó al consistorio sobre más de un centenar de funcionarios potencialmente involucrados.
"En este momento, tenemos un listado con los números de RUT de los funcionarios, pero no están individualizados. La Contraloría nos ha enviado un oficio oficial, donde indica que 123 funcionarios de la corporación municipal y 16 de la municipalidad estarían involucrados", aclaró el edil.
Si bien aún no se han individualizado los casos, el jefe consistorial aseguró que su administración actuará con "irrestricto apego a la legislación vigente (...) una vez concluido el proceso interno y con la colaboración de la Contraloría, se procederá a presentar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público".
Recalcó que no puede pronunciarse públicamente sobre los detalles del caso hasta que se sigan los procedimientos legales correspondientes.
En Ancud, el alcalde Andrés Ojeda (indep.) instruyó de inmediato la apertura de sumarios administrativos en la municipalidad y corporación municipal, calificando los hechos como "graves infracciones al principio de probidad administrativa".
"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, empezar con los sumarios, esperamos pronto que se empiecen a desarrollar y también que hayan resultados rápidamente. Son 4 personas del municipio y 35 de la corporación municipal", detalló.
Respecto a los nombres expuestos en redes sociales, clarificó el edil que "lamentablemente esto parece una cacería de brujas donde se ponen nombres en la palestra pública. No solo perjudica a los funcionarios sino también a sus familias".
"Lo que estamos haciendo es ceñirnos a lo indicado por Contraloría e indicar los procedimientos internos y actuar rápidamente porque tenemos 5 días hábiles para comentar a Contraloría las acciones que vamos a ejecutar", finalizó Ojeda.
A su vez,Raúl Oliva,, asesor municipal,, indicó
que posiblemente no se encuentran ejerciendo funciones,“entendiendo
la resolución,independientemente
de quélas personas estén o no trabajando,
el sumario va adelante igualyse van determinarsentencias,yaseacivilesodecarácter penal”.Agregó
el abogadoqueelsumarioconsisteprimer lugar dela designaciónun fiscalconigualrangoo superioraldelinvestigadoseinicialaindagatoriaformulanlos cargos,involucradorealiza descargosantelloconun plazode5 díashábilesrealizala vista fiscalpropone sancionesyltimo,tomala decisiónfinal.
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