En medio de la controversia sobre la financiación de centros de investigación en Chile, se ha centrado la atención en los beneficiarios, perjudicados y criterios de selección. Sin embargo, lo que no se está discutiendo —y debería alarmarnos— es el verdadero derroche que este enfoque de política pública ha ocasionado.
Un total de 181 propuestas de centros fueron presentadas, cada una conformada por un promedio de 8 investigadores, lo que suma más de 1.400 científicos trabajando a tiempo completo durante al menos un mes y medio de los tres meses que duró el concurso. Esto sin tener en cuenta el tiempo del personal administrativo necesario para respaldar estas postulaciones. A pesar de esto, solo se financiarán 29 centros, lo que representa una tasa de éxito del 16 %, dejando al 84 % restante dedicando esfuerzo y talento a un proceso sin retorno.
Si valoramos cada mes de trabajo de un investigador en $3 millones de pesos —una estimación conservadora considerando la formación, experiencia y productividad científica requerida en estas convocatorias— esa etapa de preparación implicó una inversión de $6.500 millones de pesos. En otras palabras, nos hicieron trabajar como si estuviéramos construyendo un nuevo Centro de Salud Familiar (CESFAM), solo para demolerlo antes de abrir sus puertas.
Estas convocatorias no fortalecen la ciencia; la debilitan. Generan frustración, competencia desmedida y pérdida de confianza en el sistema. No es solo ineficiencia: es una forma estructural de desperdiciar capacidades estratégicas del país.
Esto pone en evidencia la urgente necesidad de aumentar el financiamiento, al menos para cubrir un 30 % de las propuestas presentadas. Si el Estado carece de estos recursos, la política de centros debería considerar formas concretas de colaboración con el sector productivo. Es crucial obtener financiamiento adicional y finalmente elevar el estancado porcentaje del PIB que Chile destina a ciencia, tecnología e innovación.
Además, este modelo es completamente evitable. En la Unión Europea, por ejemplo, estos concursos se llevan a cabo en dos fases. Primero, una manifestación de interés, económica y simple, que permite una filtración eficiente. Solo los proyectos más prometedores avanzan a una segunda etapa más profunda, a diferencia del proceso exigido desde el principio a todos los postulantes aquí.
No se trata simplemente de premiar todo lo que se presenta, sino de diseñar procesos más inteligentes que eviten desperdiciar millones en trabajo intelectual valioso. Chile no necesita más loterías científicas, sino una política que fortalezca el talento, enfoque los recursos y ponga la ciencia al servicio de los grandes desafíos del país.
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